La Defensoría del Pueblo rindió un informe de alerta sobre ‘detenciones y derechos humanos’ durante el Estado de urgencia decretado en Bocas del Toro entre el 20 y el 30 de junio de 2025: la data revela 137 posibles víctimas de violencia.
A través de 186 entrevistas hechas en sitio a personas detenidas durante el estado de Urgencia, la Defensoría del Pueblo recopiló indicios de abusos que podrían representar vulneraciones a lo derechos humanos, informó el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, este jueves 3 de julio en una conferencia de prensa.
Entre las observaciones, entrevistas y un informe preliminar de la unidad para la prevención de la tortura de la defensoría, se filtraron 104 entrevistas que dieron indicios de abusos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles e inhumanos y negación de atención médica.
Unos 50 entrevistados reportaron situaciones de violencia o abuso durante su aprehensión y el traslado a un centro de reclusión por parte de la autoridad responsable; nueve lo reportaron durante la permanencia en un centro de detención y 68 lo reportaron en ambos casos.
El ombudsman reportó que por el uso excesivo de la fuerza, golpes, esposamiento prolongado y exposición a gases lacrimógenos 101 personas reportaron afectaciones.
Asimismo, señaló que unas 99 personas reportaron tratos inhumanos, 92 reportaron represalias o amenazas verbales, 78 reportaron negación de la atención médica, 92 reportaron detenciones arbitrarias y 26 reportaron presión para la coacción.
Julio De Gracia, director de protección de los derechos humanos de la Defensoría, explicó que entre las presuntas violaciones a los derechos que se investigan, están quejas contra la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval.
Por otro lado, la directora de asesoría legal de la Defensoría presentaría hoy una denuncia ante el Ministerio Público por los hallazgos de la entidad, informó Leblanc.
Leblanc instó a las autoridades a “reforzar controles internos que prevean abusos en situaciones de tensión social y operativos de seguridad”, apuntando lo anterior como un “compromiso ético a la democracia”.
