Tras una negociación de un año y nueve meses, el Ministerio de Salud logró un acuerdo con el consorcio IBT Health Group que incluye la eliminación de pagos adicionales por $79.8 millones, correspondientes a intereses bancarios, posibles gastos legales por arbitraje y trabajos sin sustento legal.
Según las cláusulas renegociadas, los cuatro hospitales costarán $396.4 millones, de los que restan por pagar $224.2 millones.
La empresa había demandado al Estado por $185 millones debido al atraso en los pagos correspondientes a la construcción de cinco Minsa-Capsi y cuatro hospitales en Chiriquí, Darién, Colón y Los Santos durante el gobierno anterior.
En el proceso de negociación se logró que se suspendiera este proceso, confirmó Temístocles Díaz, ministro consejero de Salud.
Según cálculos del Gobierno, la culminación de los cuatro hospitales con otra empresa le hubiera costado al Estado $451.8 millones.
“De la forma en la que están redactados los contratos, estos son muy ventajosos para IBT y lo mejor era negociar”, dijo Díaz.
Negociación
El consorcio IBT Health Group tendrá que entregar en diciembre de 2016 la primera etapa del hospital Anita Moreno, en Los Santos, tras lograr una negociación con el Ministerio de Salud (Minsa), cuatro años después de la fecha pactada inicialmente.
Una tortuosa relación con el Estado, bajo la administración de Ricardo Martinelli, marcó la relación de esta empresa con Panamá. A su cargo estaba la construcción de cinco centros de salud, conocidos como Minsa-Capsi, y cuatro hospitales.
Las disputas por los pagos no cancelados, la inclusión de trabajos que nunca se legalizaron y la extensión de tiempo para la entrega de las obras fueron parte de un complicado proceso de contratación que terminó con la determinación de rescindir los contratos de dos hospitales.
Todo ocurrió bajo el liderazgo de Franklin Vergara, quien firmó los contratos con IBT como titular de Salud; y Javier Díaz, quien los rescindió como sucesor de esa cartera en la administración Martinelli.
La empresa se había adjudicado los contratos para la construcción de los hospitales en Colón, Los Santos, Chiriquí y Darién, pero las obras, que debieron estar listas y equipadas en octubre de 2012, quedaron a la deriva.
En tanto, los Minsa-Capsi de Las Tablas y Pedasí, en Los Santos; Pesé y Ocú, en Herrera; y Volcán, en Chiriquí, fueron entregados por el contratista, pero la cuenta no se canceló a tiempo.
IBT consiguió de la mano de la administración del presidente Martinelli aumentar sus contratos en el sector salud de 409 millones de dólares a 523.7 millones de dólares, utilizando el sistema de adendas.
Estas adiciones, que sumarían 114.3 millones de dólares, supuestamente fueron la génesis del problema.
La disputa se desencadenó en abril de 2014 cuando el Minsa le rescindió los contratos de los hospitales de Metetí, en Darién, y Bugaba, en Chiriquí.
La decisión, según el Minsa, se tomó porque luego de analizar los descargos de la empresa “no vieron sustento legal para mantener vigente los contratos”.
IBT ejerció presión y suspendió las obras de los hospitales de Los Santos y Colón. También demandó al Estado por 185 millones de dólares, por daños y perjuicios.
La cifra corresponde a 35 millones de dólares por el atraso en los pagos de los cinco Minsa-Capsi y 150 millones de dólares por la paralización de los cuatro hospitales.
Además, interpuso un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, entidad representada en Panamá por la Cámara Panameña de la Construcción.
Bajo la administración de Juan Carlos Varela, en julio de 2014, el Estado y el consorcio IBT Health Group se sentaron a negociar.
A la empresa le interesaba obtener los pagos por las obras hechas, mientras que al Estado le urgía poder usar las infraestructuras.
“De la forma en la que están redactados los contratos, estos son muy ventajosos para IBT y lo mejor era negociar”, manifestó Temístocles Díaz, ministro consejero de Salud en el gobierno de Varela.
“El Estado en un arbitraje llevaba todas las de perder porque la empresa había entregado los cinco Minsa-Capsi, se están utilizando y no se habían pagado”, dijo el funcionario.
De continuar con el litigio, el proceso tomaría de dos a tres años para llegar a una solución, y mientras tanto las obras paralizadas y deterioradas, explicó Díaz.En la negociación, que tomó un año y nueve meses, se logró la reactivación de la construcción de los cuatro hospitales y se eliminaron pagos adicionales valorados en 79.8 millones de dólares.
El Minsa no ha revelado el desglose exacto de los renglones en los que se ahorra los 79.8 millones de dólares, pero adelantó que estos corresponden, entre otros factores, a intereses bancarios, posibles gastos legales por arbitraje y trabajos que no estaban contemplados en el contrato original y que fueron hechos sin sustento legal.
Puja por precio final
También se llegó a un acuerdo para que IBT suspendiera el arbitraje que había solicitado ante la Cámara de Comercio Internacional.
“En posibles gastos legales el Estado se ahorró 5 millones de dólares”, manifestó Díaz.
Sin embargo, el mayor ahorro se registró, de acuerdo con los negociadores del Minsa, en el renglón de “permanencia extendida”, en el que se dejó de pagar cerca de 25 millones de dólares.
La suma corresponde al tiempo en el que supuestamente IBT estuvo en la obra, a pesar de la suspensión del contrato desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2015.
Otro aspecto negociado fue la exoneración del pago de los intereses por créditos bancarios.
El Estado le adeudaba a Deutsche Bank 110 millones de dólares, más 8.5 millones de dólares por los intereses del crédito otorgado a IBT.
Sin embargo, en la mesa de conversación se logró que IBT asumiera el cargo de los intereses, dijo Díaz.
Una de las condiciones de IBT para la suspensión del arbitraje y reactivación de la construcción de los hospitales era que el Estado le cancelara 62 millones de dólares que le debía hasta septiembre de 2013.
Y de hecho, hasta la fecha se han cancelado 57 millones de dólares, al tiempo que faltan 5 millones de dólares en concepto de Itbms, según datos de la dirección de Proyectos del Minsa.
Se tomó la decisión de no cancelar los trabajos adicionales que carezcan de un sustento legal y que fueron solicitados por la administración Martinelli.En el Hospital Manuel Amador Guerrero, por ejemplo, se adicionó la construcción de pilotes por 15 millones de dólares que no se dejaron establecidos en adendas.
“El Estado, a través de Ricardo Martinelli, solicitó nuevos trabajos, la empresa los realizó pero no fueron establecidos a través de adendas y ahora no se reconocerá su pago”, explicó Díaz.
En la mesa de negociación se aprobó el rediseño de los hospitales en Los Santos, Colón y Chiriquí.
En este punto se logró una reducción de 4.5 millones de dólares, aproximadamente.
En la suma de los contratos obtenidos por IBT durante el pasado quinquenio se contabilizan los 50.9 millones de dólares en Minsa-Capsi (incluyendo las adendas), más 396.04 millones de dólares en cuatro hospitales de atención completa, adjudicados bajo el esquema de “llave en mano”; y 126 millones de dólares por 17 salas de hemodiálisis.
IBT Health Group se promocionó en Panamá de la mano del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña, amigo del entonces presidente Martinelli y vinculado a casos de Finmecanica y Valter Lavítola.
Reactivan obras en hospitales
Hace 10 días el consorcio IBT Health Group, que públicamente se desvinculaba de Oruña, reactivó los trabajos en el hospital Manuel Amador Guerrero, que se construye a un costo de 161 millones de dólares.
Este nuevo hospital con 48 mil metros cuadrados de edificación y el cual fue considerado como un proyecto “en riesgo”, heredado de la pasada administración, registra un avance de 25% en obra gris.
Para continuar con la obra se ha contratado a 350 trabajadores y según el nuevo cronograma del Minsa, la compañía deberá entregar el edificio listo y equipado en septiembre de 2017.
En el rediseño del centro médico de Colón, que tendrá 500 camas para hospitalización médica, se incluyó la construcción de 80 consultorios.
También se está analizando la construcción de un helipuerto, “debido a la cercanía del hospital Manuel Amador Guerrero con el aeropuerto Enrique Jiménez aún se está analizando si se construye o no”, manifestó Díaz.
El lunes pasado se reactivaron los trabajos de limpieza en los hospitales en Bugaba y Metetí.
La empresa ha establecido una cuadrilla que se encargue de los trabajos de limpieza, impermeabilización de losas y fumigación.
El hospital de Metetí registra un avance del 40% y se estima que esté en operación en julio de 2017.
Aunque en Bugaba ya se hacen trabajos de limpieza, se tiene programado que la construcción de la obra se reactive el 15 de febrero próximo.
En este hospital se adicionó un área de mediana estancia, se amplió el departamento de fisioterapia y se construirán los caminos de acceso por 1.8 millones de dólares. El nosocomio debe estar listo en junio de 2017.
El Anita Moreno, en Los Santos, registraba un avance de 40.23% a diciembre de 2015.
Según el cronograma del Minsa, IBT debe entregar para diciembre de 2016 el pabellón de salud mental, urgencia, cirugía, farmacia, gastroenterología y parte de hospitalización.
Esta etapa será ocupada en febrero del próximo año, luego de que se haga la pruebas de equipos. La segunda etapa de la obra deberá estar lista en agosto de 2017.
El Estado mantiene deudas por pagar que suman 224.2 millones de dólares por los cuatro hospitales, que tras la negociación terminarán costando 396.4 millones de dólares.
