‘No al odio’ y ‘Justicia por Estrella’: los reclamos de una sociedad movilizada por la violencia

El viernes 18 de agosto, mientras Estrella sobrevivía asistida por un respirador en el hospital Santo Tomás, más de cincuenta personas atravesaron el aire hinchado de la noche unidas en un reclamo por un mismo dolor: “No al odio, sí al amor”, “Justicia para Estrella” y “Protección para personas trans”.

La vigilia, convocada en el Centro San Juan Pablo II, se convirtió en una marcha hacia el hospital liderada por su madre, Aura Pinzón, y la presidenta de la Asociación de Personas Trans, Venus Tejada. Detrás de ellas, referentes de organizaciones de la iglesia católica, por los derechos humanos y del cuerpo diplomático en Panamá, con velas encendidas, avanzaron rodeadas de más personas movilizadas contra la violencia descargada contra Estrella el miércoles 16 en vía Israel.

Ese día, por la mañana y en medio de la calle, un hombre llamado David Gómez Luna pateó a Estrella en la cabeza una y otra vez, cuando ella estaba en el suelo inconsciente y sin poder responder a los golpes. La agresión, de una brutalidad de espanto, fue filmada por personas que pasaron por el lugar, de inmediato rodó en redes sociales y unió a organizaciones diversas en el pedido de alto a la violencia, el odio y la discriminación hacia personas trans, que está en aumento.

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“Lo que pasó con Estrella fue un crimen de odio”, dijo Tejada. Aura Pinzón debió hacer un esfuerzo por hablar, quebrada como estaba: “Quiero darle las gracias a la comunidad que está aquí, siento un apoyo y espero justicia para mi hija que sigue grave”.

La virulencia del ataque impactó en una sociedad que llegó a acompañar a la madre y a las compañeras trans de Estrella. Hay quienes hablan de un 16A, equiparando la fecha con crímenes similares que han despertado rechazo y conciencia en otros países.

Las embajadas de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá hicieron públicos pedidos por los mismos derechos y la misma seguridad para personas LGBTIQ+. Algunas de ellas estuvieron representadas en la vigilia, junto a otros organismos internacionales y de la iglesia católica, como Justicia y Paz.

Diez organizaciones por los derechos de personas LGTBIQ+ que en junio pasado convocaron de manera separada a eventos por el mes del orgullo gay, ahora se unieron para convocar a la vigilia y marcharon juntas en el pedido protección y justicia para las mujeres trans, como Estrella.

Alarma por el aumento de violencia

Mientras países de la región avanzan en leyes de identidad de género, cupo laboral trans y programas para garantizar una vida libre de violencia, Panamá retrocede, según tres informes de organizaciones internacionales y referentes sociales.

“Desde el pronunciamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio igualitario en Panamá, hubo un incremento de la violencia contra las personas LGTBIQ+”, dijo Pau González, de la asociación Hombres Trans. Este año, además del caso de Estrella, hubo dos más en la vía pública y con manifestaciones de odio. El de Antony Javier Batista, de 21 años, al que la Policía se negó ayudar por gay, terminó con su muerte.

“Es innegable la relación entre el fallo y los incrementos de violencia hacia personas LGTBIQ+ en Panamá”, coincide Iván Chanis, de la Fundación Iguales. Y explica: “El fallo es una extensión de un discurso que conlleva un desprecio hacia esta población y representa un discurso de odio, porque incluye posiciones que nos retrasan a 20 años: dice que somos ciudadanos de segunda categoría, que el matrimonio se reduce a la procreación y empodera en la violencia contra las personas LGTBIQ+”.

“Al Estado no reconocer a las personas trans como sujetos de derecho, da pie a que la sociedad piense que no somos personas”, agregó Pau González.

Es algo que remarcaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) y la RedLacTrans en sus últimos informes. La CIDH indicó que las personas trans tienen limitaciones para acceder servicios profesionales de salud, mientras el Departamento de Estado alertó sobre la “acoso policial”, la “discriminación sistemática y violaciones a los derechos humanos a comunidades LGTBIQ+” cuando presentó el Informe de Derechos Humanos 2022.

Aunque “el gobierno no brindó un estimado de la cantidad de casos de violencia reportada en contra de individuos LGBTQI+”, el Departamento de Estado pudo constatar el acoso por parte de la policía y “altos niveles de violencia en contra de personas transgénero”.

También remarca la discriminación institucional y estatal -y menciona como ejemplo los reglamentos de la Policía Nacional y bomberos, que consideran la práctica de la homosexualidad como una “ofensa grave”-, la falta de reconocimiento de la condición no binaria y de una ley que prohíba la discriminación con base en la orientación sexual.

“En Panamá no existe un marco jurídico específico destinado a proteger los derechos de las personas trans”, indicó otro informe, de RedLacTrans, sobre las violaciones a los Derechos Humanos de Mujeres Trans en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. “No existen leyes que consagren el principio de igualdad y prohíban la discriminación por motivos de identidad o expresión de género”, agrega.

Ese fue uno de los reclamos que se escuchó en la vigilia por Estrella: “Exigimos que la Asamblea Nacional apruebe una ley que proteja a las personas LGTBIQ+ de la violencia y la discriminación”, gritó Juan Alonzo, defensor de los derechos humanos.

“El gobierno nos violenta”

“El gobierno no se ha pronunciado, es cómplice de la violencia y la discriminación”, dijo Tejada en la marcha por Estrella, que la policía intentó filmar. “La policía nos persigue y la Defensoría del Pueblo no nos nombra, ¿cuál es el miedo?”, agregó al comentar un comunicado donde la Defensoría del Pueblo evita mencionar expresamente la violencia contra personas LGTBIQ+ y de género.

En esa lectura coinciden expertos en derechos humanos y referentes de la sociedad civil, como Jennifer Delgado: “Es violencia institucional no nombrar, desconocer, excluir, invisibilizar; es el deber más básico que tienen por que de allí parten otras obligaciones en materia de legislar e implementar políticas públicas para atender las múltiples discriminaciones que viven”.

A contramano de las instituciones estatales, en la vigilia se vivió otra cosa.

Alguien abrazó a una madre de la organización Asociación de Padres de Familia, Familiares y Amigos por la Diversidad, le dijo “lo siento mucho” y no pudo seguir, porque comenzó a llorar. La madre también lloró: sabe que la próxima podría ser su hija, que en cualquier momento -ante la indiferencia del gobierno, la desprotección del Estado- pueden pegarle patadas en la cabeza hasta dejarla al borde de la muerte solo por ser quien es, una mujer trans, un homosexual.

Aunque Panamá suele ser percibido como un país pacífico, un 30% de los consultados en la última Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER) respondió que cree tener derecho a agredir a otras personas por su orientación sexual. Son minoría, pero una minoría activa y bulliciosa que esta semana se hizo notar en redes sociales.

Desde el miércoles avanzaron los trolls en redes como Instagram y Twitter, atosigando a defensores por los derechos humanos, periodistas y personas que alertaron sobre el avance de la violencia contra personas LGTBIQ+. Es una estrategia conocida, donde cuentas falsas con dos o tres seguidores, muchos números en su usuario y fotos creadas por la inteligencia artificial arremeten de manera coordinada, para dar apariencia de mayoría a las posturas homofóbicas.

La embestida parece ser exclusiva de unos pocos, pero cada uno de esos mensajes “pueden motivar a actos de crueldad y violencia en la vida real”, como alertó Naciones Unidas. Esa es la definición de discurso de odio: ataques hacia una persona o grupo por lo que son -mujeres, homosexuales, indígenas o personas trans-.

Ante un fenómeno que representa un desafío para las sociedades, porque son nudos que desgastan el tejido de la vida democrática y obstruyen la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas reales de las sociedades, la pregunta es: ¿quién que haya visto el video donde Estrella, inconsciente en el piso, es sometida a patadas furiosas y repetidas en la cabeza, no se ha horrorizado? ¿Quién tolera ese odio?

“El país que realmente somos es el de la solidaridad de tantos ante la angustia y el dolor de la madre de la víctima”, dijo Guillermo Castro, investigación de Ciudad del Saber. Ese país solidario y profundamente humano abrazó a Aura, la madre de Estrella, el viernes pasado en una vigilia que reclamó un alto a la violencia y protección para las personas LGTBIQ+.

Sol Lauría

La autora es periodista de investigación