La Universidad de Panamá (UP) se ofreció este miércoles 28 de mayo nuevamente como facilitadora de un gran diálogo nacional para buscar acuerdos entre diversos sectores que hoy se manifiestan sobre la ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), el memorándum de entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos y la posible reapertura de la mina de Cobre Panamá.
“Como facilitadores dejamos abierta la posibilidad de cubrir cualquier otro tema en esta conversación (...). Le haremos llegar la invitación hoy a diferentes sectores del país”, dijo el rector de la UP, Eduardo Flores Castro.
El diálogo deberá incluir la participación de representantes del gobierno, sectores productivos, empresarios, gremios, comunidades indígenas, campesinos, organizaciones sociales y del sector salud, así como de la sociedad civil en general; según detalló el Consejo Académico de la UP en un comunicado.
Hasta el momento, gremios internos de la propia Universidad de Panamá, como asociaciones de docentes y colectivos estudiantiles, no han expresado su respaldo a esta iniciativa de diálogo. Tampoco el Gobierno ha validado o respaldado formalmente esta figura de mediación. Igualmente faltaría respuesta del sector empresarial.
Por otro lado, el primer colectivo en confirmar su asistencia fue Sal de las Redes, que encabezó las masivas manifestaciones antiminería en 2023. No obstante, el pasado 30 de abril, la agrupación rechazó un diálogo con el presidente de la República, José Raúl Mulino.
“No es lo mismo dialogar con el presidente a puertas cerradas que tener un diálogo amplio, profesional, representativo, donde estén todos los grupos. Sal de las Redes no es el único grupo que está en las calles. Yo creo que eso lo dejamos claro en el primer comunicado que sacamos”, dijo al respecto, José Isaac González, fundador del colectivo.
En aquel primer comunicado de Sal de las Redes, el grupo exigió la derogación de la Ley 462.
No obstante, Martita Cornejo, abogada y quien se presentó como asesora del colectivo, señaló ante los medios de comunicación que “en lo personal no es partidaria de una derogatoria de la ley 462″, pero que sí es partidaria de que le pueblo llegue a un “entendimiento de los artículos mejorables” en la norma.
Por otro lado, sobre el cambio en la opinión del colectivo para acceder a dialogar, González indicó que “es importante que el diálogo sea representativo y amplio, que otros sectores estén en la mesa [no solo el gobierno]”.
La UP se comprometió a coordinar el espacio de diálogo en tantas mesas sean necesarias. Flores Castro aseguró que desde este miércoles se enviará la invitación a los distintos sectores.
Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) se encuentran en paro de labores y manifestándose en las calles. También lo hace el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) desde el 28 de abril y estudiantes universitarios de grupos como Reforma Estudiantil desde marzo pasado.
Dichas agrupaciones han sido las protagonistas de diferentes altercados con las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional.
Sobre las medidas represivas de las manifestaciones, Flores Castro vio con preocupación el reciente uso de gases lacrimógenos y camiones con cañones de agua, conocidos como pitufos.
El rector dijo que mantiene pendiente una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad para abordar la situación. Se distanció, además, de una supuesta entrega de información de estudiantes a las autoridades, misma que negó.
