El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Melitón Arrocha, difiere de la opinión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en cuanto al tema de las medidas de retorsión.
"He tenido una conversación preliminar con el señor [Josep] Bosch [oficial de Información de la OMC] yo creo, mi interpretación, es distinta a la que exteriorizó en algún medio de comunicación", señaló esta mañana el ministro panameño.
El vocero del organismo internacional con sede en Ginebra, Suiza, presente en Panamá para un taller regional para parlamentarios de las Américas, señaló ayer a La Prensa que las medidas vengativas no son las "favoritas" de la OMC: "Ni lo es para los países miembros, que al final deciden aceptar las recomendaciones y cambiar las reglas que están vulnerando”.
“Retorsiones es algo que nadie quiere porque enturbian las buenas relaciones comerciales. Porque, en definitiva perjudican al consumidor y a la industria”, explicó en su momento Bosch.
La declaración de Bosch llega como una sugerencia, dado a que el conflicto entre ambos países es uno en materia financiera y no meramente comercial. "La OMC es un ente que no actúa de oficio, sino que está ahí para actuar cuando ambas partes así lo solicitan. De igual forma, no veo posible una guerra comercial, por la tradición histórica del diálogo", dijo.
Posteriormente, Bosch precisó que sus declaraciones no pueden ser consideradas una opinión de la OMC, ya que no está autorizado para emitir "un juicio de valor sobre este asunto".
"El Gobierno de Panamá tiene todo el derecho de acudir al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y éste órgano sería el competente para dirimir cualquier conflicto que a él se denuncie", añadió.
El ministro Arrocha, quien destacó que viajará a Bogotá este viernes para sostener una reunión con su homóloga Cecilia Álvarez-Correa en busca de consensos, mantiene la posición de determinar a Colombia como un país discriminador, en caso de no encontrar una solución al conflicto en los próximos 5 días.
La situación surge luego de que Colombia incluyera a Panamá en una lista de paraísos fiscales, cuyas imposiciones fiscales tomarían efecto al inicio del año fiscal del país vecino, el 1 de enero.