Gasnell: Tocumen, S.A. no escapa a los controles de la Contraloría

Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la  Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, recordó que aunque Tocumen, S.A. es una sociedad anónima 100% estatal, no escapa a los controles de la Contraloría General de la República.



Gasnell ofreció sus declaraciones al ser consultado por Prensa.com sobre la investigación del diario La Prensa que reveló el nuevo mecanismo de contratación directa por invitación, sin obligación de hacerlo público, aprobado por la Junta Directiva de Tocumen, S. A.



Por medio de ese mecanismo se eligió a la empresa Republic Parking Tocumen, S. A. para construir, administrar y operar los estacionamientos en la terminal de pasajeros y carga, aumentando en 66% el costo del servicio.



REVISAR



Gasnell declaró que lo primero que habría que hacer es revisar el reglamento emitido por la Junta Directiva de la entidad, “el cual al parecer permite excesiva discrecionalidad al momento de contratar con particulares”.



Agregó que las contrataciones de Tocumen, S.A. “deberían respetar los principios de libre competencia y transparencia”.



“La contratación directa o contratación por procedimiento excepcional, como se le llama ahora, luego de la modificación de la Ley de Contratación Pública de 2011, no contiene criterios de control para evitar que empresas recién creadas puedan ser beneficiarias de las contrataciones directas”, recordó vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.



Según la investigación de La Prensa, la sociedad Republic Parking Tocumen, S. A. fue constituida cuatro meses antes de que el actual Gobierno le otorgara la concesión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.



Gasnell  añadió que “ese mecanismo se presta para devolver favores políticos principalmente de las donaciones que se reciben en campaña o las que se siguen dando durante el periodo de Gobierno”. 



Por eso, indicó, es necesario que “sean públicas todas las donaciones que reciban los partidos políticos y las instituciones públicas”.



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