Indígenas piden en CIDH que se garantice la propiedad colectiva en Panamá

En la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos en Washington, D. C. (Estados Unidos) un grupo de indígenas pidió este viernes, 23 de marzo, que se garantice su derecho a la propiedad colectiva de las tierras en donde residen.



Los indígenas solicitaron a los comisionados de la CIDH que visiten Panamá para que “profundicen en la problemática” que ellos denunciaron.



También pidieron a la CIDH que se haga un informe general sobre la situación de los pueblos indígenas de la República de Panamá.



DEFENSA



Ante las denuncias presentadas en la CIDH, la delegación que representaba al Gobierno de Panamá planteó que en el país se respetan los derechos de los indígenas.



El director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Vladimir Franco, recordó que en Panamá –en términos generales– los siete grupos indígenas panameños gozan de los mismos derechos y libertades que el resto de la población.



Franco enfatizó que constitucionalmente a los indígenas se les ha garantizado el goce de derechos especiales a razón de los patrones culturales que poseen.



DENUNCIAS



Inseguridad territorial, invasiones de los colonos madereros y amenazas a líderes indígenas fueron algunas de las denuncias que presentaron representantes de los pueblos indígenas panameñas en la CIDH, en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos. Leonidas Quirós, asesor legal del Congreso General Wounnan, denunció en la comisión que los pueblos indígenas están amenazados por los colonos que se dedican a la tala de madera.



Este grupo de indígenas viajó a la ciudad de Washington, D. C. para denunciar la situación que viven al solicitar sus derechos sobre las propiedades colectivas. Los delegados de los ngäbes buglés denunciaron ante los funcionarios de la CIDU la existencia de la hidroeléctrica de Barro Blanco.



También denunciaron que producto de los enfrentamientos entre los ngäbes buglés y los agentes de la Policía Nacional, durante las protestas contra la minería e hidroeléctricas, hubo dos muertos.



Otro aspecto denunciado fue la suspensión de las comunicaciones telefónicas durante las protestas realizadas del 29 de enero al 5 de febrero.



SOLICITUD



Tanto los voceros de los wounnan como de los ngäbes buglés solicitaron que se les garantice su derecho colectivo a las tierras. Luego DE que los indígenas efectuaron sus denuncias la delegación panameña recordó que en Panamá se garantiza la protección de los derechos humanos.



El grupo de funcionarios era encabezado por el viceministro de Gobierno, Javier Tejeira; el administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Franklin Oduber; el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez y Franco.



Franco recordó que ayer se aprobó una ley en Panamá que crea un régimen especial en materia hídrica, minera y ambiental en la comarca Ngäbe Buglé.



Tejeira reveló que se determinó que un solo agente de la Policía no usó el arma de reglamento y que esa persona está en proceso de ser destituido.



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