En 2022, cuando apenas se iniciaba la recuperación económica en América Latina de la crisis global económica causada por la pandemia de la covid-19, la cruenta e inesperada invasión a Ucrania trajo consigo una nueva crisis global con nuevos problemas que postergan el crecimiento económico y el bienestar, incrementando con ello la insatisfacción y el descontento de buena parte de la población.
Este descontento social nace de las tensiones acumuladas en los ámbitos económico, político y social de nuestros países, y su intensidad varía de acuerdo con el grado de desarrollo de la economía y el grado de desarrollo y solidez de las instituciones de cada país. La lista de factores que agudizan estas tensiones es amplia: la baja calidad en los diferentes ciclos educativos, la ineficiencia en los servicios de salud del estado, la tasa de desempleo e instituciones públicas deficientes, entre otros factores.
Muchos analistas coinciden en la necesidad de crear un nuevo contrato social para reconstruir la confianza entre los ciudadanos y el Estado. Un contrato social que promueva el crecimiento económico inclusivo donde el Estado garantice a los ciudadanos educación y salud de calidad, así mismo, con una estabilidad económica que permita a los ciudadanos formarse para obtener empleos bien remunerados mejorando la productividad del sector empresarial y por ende reducir las brechas de la desigualdad.
Este nuevo contrato social debe ser consensuado entre los diferentes sectores de la sociedad: la sociedad civil, sindicatos, empresarios y gobierno, con un diálogo abierto e inclusivo, enmarcado en un Plan Maestro de Desarrollo, que fomente el crecimiento económico sostenible y el estado de bienestar de los ciudadanos a través de un sistema integral de seguridad social.
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