La justicia de Ecuador firmó con la constructora brasileña Odebrecht un convenio que le da acceso a evidencias y documentos para continuar con una indagación por corrupción, pero que no garantiza inmunidad a los cooperadores, informó el viernes el fiscal Carlos Baca.
El acuerdo "es exclusivamente en materia penal y va a permitir, como ya ha permitido a la Fiscalía General del Estado, acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración" para llevar ante la justicia a los involucrados en la millonaria trama de sobornos, dijo Baca en una rueda de prensa a su regreso de Brasil.
El fiscal agregó que "bajo ningún concepto" el convenio concede inmunidad a quienes cooperen con la justicia ecuatoriana. "Absolutamente nadie será inmune a las acciones judiciales y penales que deba llevar adelante la Fiscalía", declaró Baca.
Por el contrario -apuntó- "el convenio somete a los cooperadores a prestar su colaboración en todas las fases procesales de los expedientes" que están en curso o que se abran en el futuro.
El acuerdo, que entró en vigencia el jueves, se mantendrá bajo reserva y quedará fuera de los expedientes judiciales de la investigación, que deja en Ecuador hasta el momento ocho personas con prisión preventiva y arresto domiciliario (por ser mayores de 65 años).
Baca señaló que han "recolectado nuevas y fundamentales evidencias" del caso que se indaga a raíz de la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado de que Odebrecht pagó entre 2007 y 2016 unos 33.5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.
Las nuevas evidencias "consisten en grabaciones de audio, grabaciones de vídeo y una abundante cantidad de documentos", dijo Baca, quien la semana pasada indicó que hay imputados en el caso que gozan de fuero.
Entre los detenidos en Ecuador figuran un tío del reelegido vicepresidente Jorge Glas y un exministro de Electricidad. Además, ha sido involucrado el contralor general del Estado, Carlos Pólit, quien está en Estados Unidos y que por su cargo goza de fuero.
En el marco de las pesquisas, la justicia ecuatoriana prohibió temporalmente a las instituciones públicas hacer contratos con la firma brasileña, y bloqueó pagos por 40 millones de dólares a Odebrecht para garantizar una indemnización al Estado.
