Ocho alcaldes opositores de Venezuela rechazaron una orden judicial que los amenaza con cárcel si no impiden el bloqueo de vías durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro y advirtieron que garantizarán el derecho a la manifestación.
"Somos alcaldes por voluntad de nuestros vecinos y (...) vamos a proteger y a defender el derecho a la protesta pacífica", declaró en rueda de prensa Ramón Muchacho, alcalde del municipio capitalino de Chacao, acompañado por sus colegas.
Al admitir un recurso de amparo de habitantes de tres municipios de Caracas y otros cinco de los estados Miranda (norte) y Mérida (oeste), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el miércoles a los funcionarios tomar medidas para garantizar el "libre tránsito".
El TSJ, acusado de servir a Maduro, advirtió que los alcaldes enfrentan penas de entre 6 y 15 meses de prisión si incumplen.
Muchacho destacó que la sentencia está dirigida únicamente a alcaldes opositores, cuando localidades como Barinas (oeste), gobernada por el oficialismo y cuna del fallecido expresidente Hugo Chávez, han sido escenario de violentos disturbios.
Allí, entre lunes y martes, se produjeron siete muertos.
Las protestas, que dejan 57 fallecidos desde el pasado 1 de abril, han derivado en desórdenes en Caracas y otras ciudades, que incluyen cortes de vías con barricadas de basura quemada, escombros y troncos de árboles.
En una oleada de protestas contra Maduro en 2014, que causó 43 muertes, alcaldes opositores como Enzo Scarano o Daniel Ceballos fueron destituidos y encarcelados, acusados de permitir hechos violentos en movilizaciones.
Scarano está en libertad, tras haber pasado 10 meses en prisión, y Ceballos todavía sigue detenido.
"Si la política de la dictadura nos mete presos a todos los alcaldes de oposición, quedan 30 millones de venezolanos para retomar la democracia", expresó a su vez José Fernández, alcalde de San Antonio de Los Altos, donde se han producido fuertes choques en los últimos días.
Los funcionarios recordaron que las policías regionales, según la ley, no tienen atribuciones de control de orden público.