Un tribunal penal declaró hoy culpable y condenó a 90 años de prisión al exjefe policial Pedro García Arredondo, único acusado por el asesinato de 37 personas quemadas el 31 de enero de 1980 en la embajada de España en Guatemala.
El acusado, de 69 años, "incurrió en los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad", según el veredicto del Tribunal B de Mayor Riesgo durante la lectura de la sentencia, en la tarde de este lunes, después de cuatro meses de audiencias.
García Arredondo, quien por la mañana había ratificado su inocencia en la última sesión del juicio, dirigía un comando de la ahora extinta Policía Nacional (PN) y según la Fiscalía fue quien dio la orden de incendiar la representación consular.
Específicamente, el exfuncionario fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de las 37 personas y a otros 50 años por la muerte de los estudiantes universitarios Gustavo Hernández y Jesús España, quienes fueron acribillados al asistir a los sepelios de las víctimas en la embajada dos días después.
El exjefe policial fue capturado el 24 de julio de 2011 por la desaparición forzada, el 9 de junio de 1980, de otro estudiante universitario, Edgar Saenz Calito, delito por el que fue condenado a 70 años de prisión en 2012.
García Arredondo "utilizó los medios para asegurarse de la muerte de quienes se encontraban dentro de la embajada", explica el fallo de los tres magistrados del tribunal, leído por la jueza Sara Yoc Yoc.
La masacre se registró cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar de Guatemala que dirigía el general Fernando Romeo Lucas García (1924-2006) asaltaron la embajada española, después de que fuera ocupada por campesinos y estudiantes guatemaltecos que denunciaban la represión militar.
De acuerdo al tribunal, quedó "comprobado" que la PN "ni siquiera intentó el diálogo" con las autoridades diplomáticas de la embajada de la nación europea.
En el asalto murieron quemadas 37 personas, entre ellas el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol Soler, y sus compatriotas y empleados de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.
El tribunal penal validó las conclusiones del Ministerio Público (MP) en el debate oral y público, en las que describieron la tragedia como "una operación policial clandestina", ejecutada por la PN, que "evitó el ingresó de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro y periodistas" a la representación consular.
El embajador de España en Guatemala en aquel momento, Máximo Cajal y López, y el campesino guatemalteco Gregorio Yujá fueron los únicos supervivientes del asalto.
Yujá, sin embargo, fue secuestrado dos días después de la masacre y su cuerpo apareció, con signos de tortura, el 2 de febrero de 1980 en la rectoría de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, símbolo de la izquierda estudiantil en aquel momento.
La sentencia del tribunal destacó la importancia del relato de Cajal y López, quien falleció en abril pasado pero dejó una grabación con su declaración.
Aquel dÍa también murieron quemados Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, quien fue la primera testigo de la fiscalía en contra del exjefe policial y quien además es querellante en el caso.
En opinión del Tribunal, el fuego se aceleró por la intervención de la PN, específicamente por el uso de un "aparato", nombre con el cual designaron a un lanzallamas utilizado por el agente Rodolfo Cruz.
"La oportuna salida de García Arredondo de la embajada confirma que él sabía lo que iba a suceder", aseveró la sentencia del juzgado.