Con una solicitud de la defensa de la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, para que se haga "un juicio justo, un análisis y [que se declare] la falta de mérito [para enjuiciarla]", concluyó hoy, 25 de agosto de 2015, una primera participación de Mario Cano ante el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, donde tiene lugar el proceso relativo a la red de defraudación aduanera "La Línea", desvelada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción (Cicig).
Al iniciar el segundo día de audiencias, que empezó pasadas las 9:00 a.m., el juez realizó la verificación de la imputada, sus abogados y los representantes del Ministerio Público. Tres horas después, decretó un receso de dos horas.
PIDEN PROCESAR A BALDETTI
Al tomar la palabra, los acusadores hicieron un resumen de los elementos de juicio que aportaron durante el primer día. Luego, la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron al juez procesar a la exvicepresidenta por tres delitos relacionados con actos de corrupción.
El fiscal, José Morales, aseguró que existen suficientes pruebas contra la ex dignataria para juzgarla por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, y reiteró que en la investigación se pudo establecer la participación de Baldetti en la red criminal, al menos entre el 8 de mayo de 2014 y el 16 de abril de 2015, cuando la organización fue desmantelada.
El delegado de la Cicig, Luis Fernando Orozco, también señaló que "existen elementos suficientes para que se dicte acto de procesamiento" contra la ex vicepresidenta. "Baldetti ejecutó actos que hacen ver que era parte de la organización criminal y daba ordenes a los diferentes niveles de la estructura", señaló.
Los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN) también se sumaron a la petición de la Fiscalía de procesar a la ex vicepresidenta.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
A lo largo de su presentación, Cano, uno de los abogados de Baldetti, expresó que a su clienta no se le puede endilgar el delito de caso especial de defraudación aduanera, ya que según la ley este solo puede atribuirse a alguien que sea importador o exportador de mercaderías.
Sobre el cargo de asociación ilícita, el abogado alegó que en los documentos y escuchas presentadas no se ha logrado establecer la participación de la exfuncionaria. Remarcó, haciendo uso de un refrán popular, "aquí no es quién se las debe sino quién se las paga" y alzando el tono de voz apuntó "estamos en un tribunal y lo que se tiene que establecer es la participación... La relación de causalidad no existe".
También se refirió a algunas de las interceptaciones telefónicas presentadas como prueba. Argumentó que Baldetti reconoce que ella tenía relación con Salvador González alias "Eco", aunque, aclara, esa relación obedece a negocios lícitos.
El pasado 21 de agosto, cuando el Ministerio Público y la Cicig pidieron la detención de Baldetti y dieron un informe en una rueda de prensa, se refirieron a que tenían evidencia de reuniones que Pérez Molina sostuvo con el procesado Salvador González, quien pese a no ser servidor público tenía información sobre temas aduaneros.
Por otro lado, afirmó que la voz de Mario Leal, ahora candidato a la vicepresidencia por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es una de las que aparece en escuchas telefónicas. "El Ministerio Público identificó a un interlocutor como Mario Muñoz y cualquier persona que esté en el Gobierno o halla estado, sabe que no es la voz de él, sino que pertenece a Mario Leal, ex secretario de la Presidencia y actual vicepresidenciable", alegó.
Cano manifestó en varias ocasiones que no existe un solo documento de los presentados que pruebe que Baldetti perteneció a la estructura delincuencial "La Línea", así como tampoco que demuestre que recibió dinero de actividades ilícitas.
"No hablan de los cheques que fueron presentados por Cicig, pero sabe qué, señor juez, todo tiene su respaldo", afirmó. Y agregó que los cheques que presentó como prueba el Ministerio Público y la Cicig son dividendos obtenidos de ganancias lícitas. "Mi objetivo es demostrar la legalidad de los ingresos [de "la empresa"] con la que vinculan a Baldetti", apuntó.
No hay indicio racional suficiente, aseguró la defensa, que aseguró ante el juez que el juicio que se le sigue a Baldetti "político" y "la han sentenciado ya".
Ayer, durante el primer día de la audiencia, la fiscalía dijo que durante la investigación determinaron que entre mayo de 2014 y abril de 2015 la red ingresó mil 561 contenedores y que recibió en sobornos al menos 28. 5 millones de quetzales (unos $3.7 millones).
El Ministerio Público y la Cigic informaron, al solicitar el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina y la detención de Baldetti, que sus acusaciones, de que los dos altos funcionarios son los máximos cabecillas de la estructura criminal, están basadas en el análisis de 88 mil 920 sesiones de escuchas telefónicas, 5 mil 906 correos, 175 mil documentos, 100 informes encontrados durante los allanamientos, 2 mil 814 declaraciones de mercancías, así como información financiera de 100 personas y 22 empresas.
(Basado en información del diario Prensa Libre divulgada a través de su cuenta de Twitter y de la agencia de noticias Acan-Efe)
