REDACCIÓN INTERNACIONAL. (AFP).- El exprimer ministro y magnate de las comunicaciones Silvio Berlusconi, que intenta regresar a cualquier precio al escenario político, será de nuevo juzgado este martes en Nápoles (sur de Italia) por el presunto soborno de un senador.
Berlusconi - que no comparecerá a la audiencia, según adelantaron sus abogados, Michele Cerabona y Niccolò Ghedini -, será procesado por el pago en el 2006 de unos tres millones de euros al senador Sergio De Gregorio para que pasara del partido Italia de los Valores (IDV) al Pueblo de la Libertad, la formación de 'Il Cavaliere'.
De esa manera se aceleraba la caída del gobierno de centro-izquierda liderado entonces por Romano Prodi tras ganar las elecciones legislativas del 2006 por un puñado de votos.
Las dos primeras audiencias del juicio han sido fijadas para el martes y miércoles y estarán dedicadas a asuntos de carácter técnico.
Los abogados del magnate van a recusar a la presidente de la cuarta sección del Tribunal Penal por conflicto de interés y solicitarán que el juicio sea trasladado a otra sección.
El miércoles, el Senado italiano se constituirá parte civil en el proceso, una decisión inédita tomada por el presidente de la entidad, el exjuez Pietro Grasso, quien considera ello un "deber moral" .
Entre los testigos que han sido convocados por la acusación figuran dos pesos pesados de la política italiana, Romano Prodi y Antonio di Pietro, directamente involucrados. También será escuchados los testimonios de dos exsenadores, contactados por emisarios de Il Cavaliere.
Durante la investigación judicial, De Gregorio confesó a los jueces que recibió de la parte del magnate la suma de dos millones de euros en efectivo, a través de varias consignaciones y un millón más para el movimiento político Italianos en el mundo, presente en varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil y Venezuela.
La defensa de Berlusconi considera que el delito de soborno de un senador no existe, ya que todo parlamentario es libre de votar por lo que quiera y no tiene obligación alguna de obedecer a su partido, según lo establece la misma constitución italiana.