Bolivia denunció el miércoles que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, intervino en sus asuntos internos cuando se pronunció en redes sociales contra un recurso legal que el presidente Evo Morales presentó el mes pasado ante el Tribunal Constitucional para que lo autorice a postularse para un cuarto mandato consecutivo en 2019.
El ministro boliviano de Justicia, Héctor Arce, acudió al Consejo Permanente y señaló que el pronunciamiento de Almagro vulnera los principios de la OEA y lo “convierte en exponente de intereses intervencionistas foráneos”.
Almagro publicó en Twitter el pasado 22 de septiembre que “@evoespueblo deberá respetar decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”.
Legisladores del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron el mes pasado al Tribunal Constitucional que declare inaplicables las normas de la constitución que ponen límite al periodo de las autoridades electas, meses después de que Morales perdiera por un estrecho margen un referendo en 2016 que lo inhabilitó para volver a reelegirse. La constitución de 2009 no le permite una nueva reelección.
Durante su intervención, Arce argumentó que el tuit buscó influir al Tribunal Constitucional y que el recurso legal cumple los preceptos legales, ya que el resultado del referendo de 2016 no puede considerarse como cosa juzgada.
El jefe de gabinete, Gonzalo Koncke, quien asistió a la sesión en representación de Almagro, respondió que “existe consenso respecto a que la democracia se construye en el respeto a voluntad popular” y agregó que el resultado del referendo rebate el argumento de que la apelación ante el Tribunal Constitucional busca proteger los derechos políticos de funcionarios a ser reelectos.
Arce planteó que prohibir la reelección contraviene el de derecho -de Morales y otros funcionarios en ejercicio- de ser elegidos y tener acceso a las funciones públicas de su país, contemplados en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El abogado Bjorn Arp, quien lleva años trabajando en temas constitucionales bolivianos desde una perspectiva de derechos humanos, dijo a The Associated Press que el alegato de Morales es el mismo con el que el presidente Daniel Ortega logró que la Corte Suprema de Nicaragua le permitiera reelegirse en 2010.
“Decir que prohibir la reelección atenta contra los derechos políticos del presidente en funciones es un argumento perverso”, señaló Arp, quien aún espera respuesta desde que en 2010 pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretar el artículo 23 de la Convención Americana.
“La CIDH no hizo nada y la terrible consecuencia ahora es que Bolivia saca el mismo tema”, estimó. “Si la CIDH se hubiera pronunciado ya estuviera más claro”.
