La Policía brasileña cumplió hoy, viernes 27 de marzo de 2015, dos órdenes de arresto contra implicados en el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, entre los cuales el principal ejecutivo de la constructora Galvao Engenharia, informaron hoy fuentes oficiales.
Las dos detenciones preventivas y una orden de allanamiento fueron expedidas por el juez federal penal de la ciudad de Curitiba responsable por el proceso, Sergio Moro, y ejecutadas en la madrugada por diez agentes en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, informó la Policía Federal en un comunicado.
Los dos presos fueron identificados como Guilherme Esteves, acusado de distribuir recursos desviados de Petrobras entre los miembros de la red de corrupción, y Dário Queiroz Galvao, uno de los principales ejecutivos y propietarios de la constructora Galvao Engenharia.
La trama
Esta empresa es una de las 23 constructoras acusadas de integrar el cartel que se distribuía los contratos de Petrobras a cambio del pago de sobornos.
La detención se produjo solo dos días después de que Galvao Engenharia se acogiese a la ley de protección de quiebras para intentar, con ayuda judicial, una recuperación de los problemas financieros enfrentados por la suspensión de pagos de contratos de Petrobras bajo investigación.
El proceso judicial comandado por Moro fue instaurado en marzo de 2014 para desmontar una red que amañaba los contratos de la mayor empresa de Brasil con numerosas constructoras, elevaba artificialmente el valor de los mismos y distribuía la diferencia en sobornos pagados a altos funcionarios de la estatal y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.
Según las investigaciones, las corruptelas se extendieron por más de diez años, pudieron iniciarse en la década de 1990 y desviaron una cantidad no precisada de miles de millones de dólares.
A lo largo de las investigaciones, han sido arrestados cinco ex altos cargos de la empresa y una decena de ejecutivos de importantes constructoras.
Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron unos 50 políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre los cuales los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
El escándalo de Petrobras tiene en jaque al gobierno de Dilma Rousseff.