La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes que los empresarios involucrados en el caso de corrupción de Petrobras salgan de la cárcel y cumplan prisión domiciliaria a la espera de sus juicios.
La medida, tomada con tres votos a favor y dos en contra por un cuerpo colegiado del Supremo Tribunal Federal (STF), beneficia a nueve ejecutivos acusados de participar de un "club" de empresas, que amañaba licitaciones para adjudicarse las mayores obras contratadas por la estatal entre 2004 y 2014.
Entre los beneficiados está Ricardo Pessoa, propietario de la empresa UTC, sindicado como el coordinador de este club. Destacan también ejecutivos de las constructoras OAS, Mendes Junior, Camargo Correa, Engevix y Galvao Engenharia.
Los acusados serán recluidos en sus domicilios y usarán una tobillera electrónica. No podrán viajar al exterior y deberán presentarse cada 15 días en un tribunal.
"El Supremo no aceptó el clamor público como justificación de la prisión preventiva. Eso convertiría al STF en rehén de reacciones de la sociedad. La defensa de la credibilidad de la justicia y el clamor público no justifican la prisión preventiva", justificó el magistrado Gilmar Mendes.
De acuerdo con la fiscalía, 16 empresas conformaban este "club". La lista incluye también a constructoras como Odebrecht y Andrade Gutierrez.
En reuniones secretas, las compañías definían quién ganaría una licitación específica y cuál sería el precio que pagaría.
Las cotizaciones, siempre infladas en perjuicio de las arcas públicas, recibían el visto bueno de los directivos de Petrobras que cobraban los sobornos, de entre 1% y 5% del valor de cada contrato.
La fiscalía pidió un resarcimiento de más de mil 500 millones de dólares por enriquecimiento ilícito de varias compañías, que contempla indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas.
La maquinaria de corrupción en Petrobras llegó a mover unos 4 mil millones de dólares, según la fiscalía, y salpica a parte de la élite política, entre ellos, el extesorero del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto, preso y acusado de corrupción y lavado de dinero.
La petrolera estatal calculó en su balance anual las pérdidas por corrupción en 2 mil 59 millones de dólares.