WASHINGTON, Venezuela. (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso del cierre en 2007 de Radio Caracas Televisión (RCTV), tras considerar que estuvo motivado por la "opinión política" del canal privado.
Fuentes de la CIDH consultadas por Efe informaron hoy de que el caso se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el pasado 28 de febrero, ante la "falta de respuesta" del Estado venezolano sobre el cumplimiento de las recomendaciones que la Comisión emitió al respecto en noviembre de 2012.
"La Comisión consideró que el motivo de la no renovación de la concesión (de la licencia) fue la opinión política del canal", indicaron las mismas fuentes. Esa situación "se vio reforzada por el tratamiento distinto que recibió RCTV en comparación con otro canal que se encontraba en situación igual en lo relativo a la concesión", aseguraron.
"La CIDH sometió la diferencia de trato por razones políticas a un escrutinio estricto y concluyó que el Estado no logró justificar su actuación y, por lo tanto, también incurrió en una violación del derecho a la igualdad y no discriminación", apuntaron.
RCTV, una cadena privada de línea editorial crítica con el Gobierno, tuvo que dejar de emitir en abierto el 27 de mayo de 2007, después de que la Administración del presidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía "golpista".
En su informe de fondo sobre el caso, enviado a Venezuela el pasado 9 de noviembre, la Comisión concluyó que esa decisión "fue violatoria del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la igualdad y no discriminación, y del debido proceso administrativo", según indicó en un comunicado.
"Si bien el objetivo formalmente declarado por el Estado al fundamentar esta decisión fue fomentar la diversidad y el pluralismo, lo cual es un interés público legítimo, la prueba en el expediente constituyó evidencia de que la decisión fue tomada con base en la línea editorial del canal", señaló el documento.
"De esta manera, constituyó un acto de desviación de poder y una restricción indirecta incompatible con el derecho a la libertad de expresión", añadió.
El caso permitirá a la CorteIDH, con sede en San José, Costa Rica pronunciarse "por primera vez sobre las afectaciones al derecho a la libertad de expresión, en sus dimensiones individual y social, como consecuencia de los actos estatales relacionados con la administración de licencias de radio y televisión", señaló la CIDH.