La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió este martes medidas cautelares a siete opositoras presas en Nicaragua, que son acusadas de "terrorismo" por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, y que fueron víctimas de una golpiza en la cárcel.
"La CIDH otorgó medidas cautelares a un grupo de mujeres privadas de su libertad", que el 26 de octubre pasado "habrían sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas, insultos y amenazas por parte de agentes penitenciarios", informó el organismo en una resolución publicada en su cuenta Twitter.
En la resolución, la CIDH solicita al "Estado de Nicaragua que adopte medidas necesarias para garantizar la vida e integridad" de las siete presas y sus núcleos familiares y que las condiciones de detención se adecuen a los estándares intencionales.
Las prisioneras están recluidas en el centro penitenciario de mujeres La Esperanza, en las afueras de la capital.
Hombres armados con palos entraron la noche del 26 de octubre a las celdas de las mujeres y golpearon a 17 manifestantes presas, denunció en su momento la ONG nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La medida cautelar beneficia a sólo siete detenidas que la CIDH considera están en una "situación de gravedad y urgencia".
Entre las favorecidas está la estudiante y líder de un movimiento estudiantil de protesta, la belga-nicaragüense Amaya Coppens, de 24 años, detenida en septiembre pasado y acusada de terrorismo en base a una nueva ley que criminaliza las protestas.
También figuran las hermanas Tania y Olesia Muñoz de 45 y 47 años respectivamente, originarias del combativo departamento de Masaya; y las presas Solange Centeno, María Peralta, Irlanda Jerez y Nelly Roque.
La CIDH pide además a Nicaragua que permita el acceso de los abogados y familiares de las reas para conocer su situación.
La represión contra las protestas antigubernamentales, que iniciaron en abril, dejó más de 320 muertos y 600 manifestantes detenidos, según grupos humanitarios.
El gobierno por su parte reconoce 198 muertos y 273 detenidos por delitos cometidos durante las protestas, y rechaza que en Nicaragua existan "presos políticos" como denuncia la oposición.