La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Gobierno de Venezuela que cese en su "hostigamiento" a los medios de comunicación y periodistas críticos.
"La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan su profunda preocupación ante las reiteradas declaraciones estigmatizantes y el hostigamiento judicial desplegados durante los últimos meses contra los medios El Nacional, Tal Cual, La Patilla y sus directivos por parte de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela", afirmó el organismo hoy en un comunicado.
"La CIDH insta al Estado a cesar estos actos de hostigamiento que profundizan el deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país y ponen en riesgo a los medios de comunicación y periodistas críticos en Venezuela", añadió.
La Comisión y la Relatoría Especial consideran que en un año electoral, con las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre, "frente a la reducción del pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente que cese el hostigamiento verbal y judicial que restringen el libre flujo de ideas y opiniones".
"El conjunto de actos estatales dirigidos a cercar a los medios de comunicación con una línea informativa independiente o crítica con el Gobierno resultan de especial preocupación para la Comisión", señaló.
Y agregó que las acciones del Gobierno venezolano "representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información".
En septiembre de 2014, la Relatoría Especial hizo pública su preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, ante "la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos, procesos sancionatorios y despidos de comunicadores".
También cuestionó los "presuntos bloqueos de la señal de internet de medios de comunicación".
Venezuela repitió este año una vez más en la "lista negra" de la CIDH, como se conoce al Capítulo IV de su informe anual, en el que señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una "atención especial" por parte de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.