La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) benefició con medida cautelar al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, al considerar que su integridad física está en riesgo.
Al tomar esta determinación, la CIDH tomó en cuenta que, "según la información recientemente difundida por la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN), Monseñor Silvio José Báez –presuntamente como resultado de sus labores de mediación que realiza en la mesa de diálogo- habría sido objeto de acciones de ‘descrédito’, ‘amenazas de muerte’, así como de presuntos ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter".
Con la medida se busca proteger los derechos a la vida e integridad personal del religioso y sus familiares. El organismo internacional dio a conocer que recibió información que indica que Báez y sus familiares estarían en una lista de personas a “eliminar”, y que "personas sospechosas vigilarían de manera constante el domicilio de familiares".
Agradezco la iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su iniciativa de adoptar medida cautelar para proteger mi vida y la de mis familiares en Nicaragua. https://t.co/0HjTQSIUj5 @PauloAbrao @ocdcuria @vaticannews_es @fidesorg @ReligionDigit @cnni
Además, una persona en Facebook se mostró exhibiendo un arma y anunció que "atentaría contra la vida del obispo Silvio José Báez Ortega”.
La CIDH informó que sigue evaluando otras solicitudes recibidas durante y después de la visita a Nicaragua.
Durante la visita al país centroamericano, la Comisión “notó el efecto amedrentador que podría tener tal situación de riesgo en su participación en la mesa de diálogo, así como para otros de sus integrantes”. Por tanto el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de Báez y sus familiares de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, señala un comunicado del organismo.
"El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables", agrega la nota.