La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de los defensores de derechos humanos venezolanos Alfredo Romero, Luis Betancourt y Yoseth Colmenares por considerar que están en riesgo "su vida e integridad personal", informó hoy el organismo.
La CIDH informó en un comunicado que este martes solicitó al Estado de Venezuela la adopción de medidas en favor de Romero, Betancourt y Colmenares, pues "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia".
Las medidas fueron solicitadas el 6 de mayo de 2013 por la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que aúna a más de mil activistas y cien abogados venezolanos y que ha ejercido como defensa en juicios a disidentes o ha presentado ante la Justicia presuntos casos de tortura contra manifestantes.
"La Comisión solicita al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la organización Foro Penal Venezolano puedan desarrollar sus actividades como defensores de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones", estableció la resolución.
La CIDH instó, además, a Venezuela a que informe sobre las acciones desarrolladas para investigar el presunto hostigamiento y violencia del que fueron víctimas los solicitantes a fin de evitar la repetición de estas actitudes.
Las medidas pretenden proteger al director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero, al que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó de ser parte de un plan de desestabilización y recibir, junto a otras organizaciones, financiación exterior para la "conspiración" contra el Gobierno, según recoge la resolución.
También se pide a Venezuela que proteja a Luis Betancourt, representante legal de FPV, que denunció haber sido seguido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y haber tenido que recibir un día en su casa a cinco supuestos funcionarios de orden público armados.
La última receptora de las medidas es Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del Estado de Táchira, que denunció haber sido retenida y golpeada fuertemente en la cabeza, en los senos y luego por todo el cuerpo por dos funcionarios policiales.
Además, la Comisión hace referencia a unas "alocuciones estigmatizantes" por parte de altos funcionarios del Estado, que habrían acusado a la organización "de ser un grupo fascista, de no ser una ONG sino un partido político que entorpece las averiguaciones, que está mintiendo al país".
En concreto, ponen de relieve un comentario de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, en el que se refirió a los integrantes de Foro Penal Venezolano como "grupos que intentan desviar la verdad y manipular la realidad".
Según los demandantes, estos comentarios se produjeron después de que los representantes de la organización denunciaran casos de supuestas torturas en el marco de la ola de protestas contra el Gobierno que vivió el país en marzo de 2014.
Esas medidas cautelares son las segundas que adopta la CIDH en relación con Venezuela desde 2011, y el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, tiene ahora 10 días para informar al organismo sobre la adopción de las medidas solicitadas.
La primera concesión de medidas cautelares se produjo el pasado 3 de marzo, cuando la CIDH pidió a Venezuela que protegiera a dos estudiantes venezolanos, Lorent Saleh y Gerardo Carrero, presos en un sótano conocido como "La tumba" en Caracas.
La CIDH informó en un comunicado que este martes solicitó al Estado de Venezuela la adopción de medidas en favor de Romero, Betancourt y Colmenares, pues "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia".
Las medidas fueron solicitadas el 6 de mayo de 2013 por la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que aúna a más de mil activistas y cien abogados venezolanos y que ha ejercido como defensa en juicios a disidentes o ha presentado ante la Justicia presuntos casos de tortura contra manifestantes.
"La Comisión solicita al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la organización Foro Penal Venezolano puedan desarrollar sus actividades como defensores de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones", estableció la resolución.
La CIDH instó, además, a Venezuela a que informe sobre las acciones desarrolladas para investigar el presunto hostigamiento y violencia del que fueron víctimas los solicitantes a fin de evitar la repetición de estas actitudes.
Las medidas pretenden proteger al director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero, al que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó de ser parte de un plan de desestabilización y recibir, junto a otras organizaciones, financiación exterior para la "conspiración" contra el Gobierno, según recoge la resolución.
También se pide a Venezuela que proteja a Luis Betancourt, representante legal de FPV, que denunció haber sido seguido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y haber tenido que recibir un día en su casa a cinco supuestos funcionarios de orden público armados.
La última receptora de las medidas es Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del Estado de Táchira, que denunció haber sido retenida y golpeada fuertemente en la cabeza, en los senos y luego por todo el cuerpo por dos funcionarios policiales.
Además, la Comisión hace referencia a unas "alocuciones estigmatizantes" por parte de altos funcionarios del Estado, que habrían acusado a la organización "de ser un grupo fascista, de no ser una ONG sino un partido político que entorpece las averiguaciones, que está mintiendo al país".
En concreto, ponen de relieve un comentario de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, en el que se refirió a los integrantes de Foro Penal Venezolano como "grupos que intentan desviar la verdad y manipular la realidad".
Según los demandantes, estos comentarios se produjeron después de que los representantes de la organización denunciaran casos de supuestas torturas en el marco de la ola de protestas contra el Gobierno que vivió el país en marzo de 2014.
Esas medidas cautelares son las segundas que adopta la CIDH en relación con Venezuela desde 2011, y el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, tiene ahora 10 días para informar al organismo sobre la adopción de las medidas solicitadas.
La primera concesión de medidas cautelares se produjo el pasado 3 de marzo, cuando la CIDH pidió a Venezuela que protegiera a dos estudiantes venezolanos, Lorent Saleh y Gerardo Carrero, presos en un sótano conocido como "La tumba" en Caracas.
Hoy se cumple ese plazo de 15 días que la Comisión dio a Venezuela para responder y, hasta ayer, el Gobierno no había entregado ningún tipo de información al organismo continental, informaron a Efe fuentes de la CIDH.