La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó el viernes la ley de reconciliación nacional aprobada en Nicaragua, señalando que se aparta de los estándares internacionales y puede dificultar el esclarecimiento de la verdad sobre los abusos registrados durante las protestas opositoras del año pasado.
"Nicaragua enfrenta el desafío urgente de superar la impunidad de los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país, la ley recientemente aprobada no contribuye con este fin", dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sostuvo que la norma, adoptada el 24 de enero por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, "no se ajusta a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación".
"Preocupa a la Comisión que uno de los efectos de la aprobación de la Ley sea el de dificultar el esclarecimiento de la verdad respecto las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril" de 2018, apuntó en un comunicado.
En el texto se advirtió que la norma puede "dejar en el olvido a las víctimas fatales de la represión estatal, a sus familiares y a los cientos de personas permanecen privadas de libertad".
El presidente Daniel Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna Nicaragua desde hace 12 años, fue sacudido en abril pasado por una oleada de protestas, cuya represión dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y 80 mil exiliados, según grupos de derechos humanos y de oposición.
Para examinar las denuncias, la CIDH conformó un Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y creó el Mecanismo Especial para Nicaragua (Meseni), cuyos integrantes fueron expulsados por el gobierno de Ortega el 19 de diciembre.
