La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, entre otros factores, representan un serio retroceso para el estado de derecho en Guatemala.
James Cavallaro, presidente de la CIDH, dio a conocer un informe a la prensa sobre Guatemala tras reunirse el lunes en privado con el presidente guatemalteco Jimmy Morales, a quien presentó las conclusiones del organismo.
"La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la violencia política y la exclusión social...representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del estado de derecho", dijo Cavallaro.
Expresó que tenía información que reflejaba que el 98.4% de homicidios denunciados queda en la impunidad, e indicó que al organismo le preocupaba "la situación de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas, niños y adolescentes", como también la de la comunidad gay y los migrantes.
Respecto a los pueblos indígenas, expresó que "han visto afectado su derecho al territorio ancestral, no son consultados y sufren graves niveles de exclusión y desigualdad...", explica el informe.
El presidente Morales dijo que el país hace esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y señaló que la tasa de homicidios ha ido en descenso en los últimos años."
No cabe duda que el informe presenta realidades que nos hace tomar conciencia sobre asuntos que requieren atención inmediata", dijo Morales.
Sobre algunos avances en el país Morales explicó que se reactivó el sistema de diálogo nacional el cual servirá de canal de comunicación entre gobierno y comunidades.
Morales dijo que se ordenó a las instituciones de gobierno acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para que las comunidades sean consultadas sobre si quieren o no proyectos extractivos en sus territorios.
La comisión también expresó la preocupación por la participación de las fuerzas militares en el ámbito de la seguridad pública "que debería corresponder a la policía".
La CIDH también reclama que el estado de Guatemala dejó de cumplir las recomendaciones y sentencias que la Corte Interamericana ha emitido contra el estado por violaciones a sus habitantes, especialmente en casos que tiene que ver con las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996).
"La CIDH observa con preocupación que, durante la administración del ex Presidente Otto Pérez Molina, el gobierno rechazó la calificación de los hechos del conflicto como genocidio, con su efecto devastador sobre las comunidades indígenas", dice el informe.