MÉXICO, (EFE).- La firma Ideal, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, la segunda persona más rica del mundo según Forbes, calificó hoy una orden de embargo de sus bienes en Panamá, emitida por un juez de ese país, de ilegal, imprecisa e incompleta.
"La referida orden de embargo en contra de bienes de nuestra empresa no se apega a derecho, no cumple con las formalidades necesarias ni señala monto o cuantía del referido embargo, no se encuentra firme ni resuelve en definitiva el diferendo legal", indicó la compañía en un comunicado.
La constructora Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal) respondió de esta forma a la orden para embargar los bienes de su filial en Panamá, que incluyen -según medios panameños- seis fincas en Chiriquí (occidente), dos en (la provincia de) Panamá, un apartamento en la capital y la central hidroeléctrica Bajo de Mina.
El comunicado precisó que esta orden fue emitida por el Juzgado Quinto de Circuito Civil de Panamá como resultado de una demanda en torno a la concesión de explotación de la hidroeléctrica.
La compañía recordó que en enero de 2012 el Consejo del Gabinete del Gobierno panameño instruyó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) a proceder con el "Rescate Administrativo del Contrato de Concesión de la mina Hydropower Corporation, representada por Julio César Lisac".
Agregó que contrario a esta decisión, el 3 de febrero de 2014 Lisac "presentó demanda ejecutiva contra Ideal Panamá y la ASEP", por lo que, en respuesta, ambas entidades interpusieron recursos de apelación y otros medios de defensa en mayo y junio de este año.
Explicó que actualmente estos recursos se encuentran "pendientes de ser resueltos por parte del Tribunal Superior", al igual que otros medios de defensa que interponga Ideal Panamá contra la orden de embargo.
La empresa aseguró que las decisiones dentro de este "Proceso Ejecutivo no están firmes ni ejecutoriadas" ya que todos los recursos interpuestos tanto por Ideal Panamá como por la ASEP deben ser resueltos por las instancias superiores, "por lo que este proceso se encuentra en una etapa no resolutiva".
Según medios panameños, el origen de este conflicto legal se remonta a una demanda del empresario panameño Julio César Lisac Jiménez, de 82 años, quien hace más de un lustro comenzó un proceso contra la decisión de otorgar la concesión a Slim.
Lisac argumenta que su empresa, la Mina Hydropower, contaba con la concesión del proyecto Bajo de Mina, pero que el Gobierno se la quitó para entregarla a Slim.
Según organismos de arbitraje internacional, Panamá afronta una multa por hasta 2 mil 500 millones de dólares por violación de acuerdos bilaterales con Estados Unidos debido a los daños a inversiones de ese país.
Asimismo, el socio estratégico de Lisac, la firma estadounidense Transglobal Green Energy, emplazó al Gobierno panameño a llegar a un acuerdo amistoso sobre la anulación de la concesión antes de emprender acciones legales internacionales.