El ex jefe de la Policía de Iguala, donde 43 estudiantes desaparecieron en 2014 tras ser detenidos por elementos de su corporación, fue arrestado el viernes después de dos años de búsqueda y tanto autoridades como familiares confían que podría aportar elementos claves para conocer el paradero de los jóvenes.
La Comisión Nacional de Seguridad informó que agentes federales capturaron a Felipe Flores, de 58 años, en la propia ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, en una operación en la que no se realizó ningún disparo.
Flores fue arrestado a las 6:30 de la mañana cuando salía de una casa, donde visitó a su esposa, dijo en rueda de prensa el comisionado de seguridad Renato Sales. Aseguró que el ex jefe policial no siempre estuvo en Iguala, pero no detalló en dónde más habría estado.
El ex mando policial es acusado de crimen organizado y el secuestro de los estudiantes. Es señalado de supuestamente seguir las órdenes del entonces alcalde de atacar a los alumnos y después encubrir la participación de los agentes de Iguala en las desapariciones.
"Las investigaciones apuntan a que esta persona fue uno de los responsables de coordinar el operativo que devino en la agresión a los estudiantes", dijo Sales.
La procuradora general Arely Gómez señaló en su cuenta de Twitter que el arresto "permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos de Iguala".
Para las familias, fue una buena, aunque sorpresiva noticia de que haya sido detenido en el mismo lugar donde detuvieron a los estudiantes. "Esperemos que lo que él declare nos lleve definitivamente hacia la verdad y hacia donde están los jóvenes, porque eso es lo que hemos buscado durante este tiempo", dijo a The Associated Press Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela para maestros, fueron detenidos por la policía de Iguala el 26 de septiembre de 2014.
La principal teoría de las autoridades mexicanas era que los estudiantes fueron entregados a un grupo del narcotráfico, que los mató e incineró. Sin embargo, expertos independientes que revisaron el caso pusieron en duda la afirmación de que fueran quemados.
Familiares de los jóvenes mantienen su reclamo a las autoridades para que los busquen.
Las desapariciones y la incapacidad de las autoridades para aclarar lo que pasó a los estudiantes han sido un golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Autoridades han detenido a 131 personas relacionadas con las desapariciones.
De ellas, 70 enfrentan un proceso penal y en su mayoría son policías y presuntos miembros del cartel de las drogas que habría matado a los alumnos.Un reporte de los expertos independientes señaló que al menos algunos de los detenidos habían sido torturados y aún no está claro cómo afectará eso sus procesos.