El Tribunal Constitucional de Chile decidió extender hasta la próxima semana la evaluación de si el proyecto oficialista que despenalizaría el aborto en tres causales es viable en el marco de la constitución.
El tribunal, cuyo dictamen será inapelable, escuchó a unas 130 organizaciones y personas que apoyan el tema durante las últimas 48 horas. El viernes llegó el turno al oficialismo —que apoya el proyecto— y a la oposición conservadora.
Aunque incluso existía una hora estimada para conocer el fallo, los diez integrantes del Tribunal emitieron un breve comunicado que señala: “esta Magistratura ha acordado fijar un plazo para el estudio de los antecedentes recibidos”.
Se especula que se reunirían el próximo lunes, cuando podrían emitir el veredicto, aunque también pueden tomarse los diez días que les permite la ley. Si se produjera un empate, la decisión final quedaría en manos del nuevo presidente del tribunal, considerado conservador, pues fue nombrado por el expresidente centroderechista Sebastián Piñera.
Chile es un país mayoritariamente conservador. En América Latina, sólo esta nación prohíbe el aborto junto a El Salvador y Nicaragua. Chile aprobó el divorcio hasta 2004 y la unión legal entre parejas del mismo sexo en 2015.
El proyecto fue impulsado por la presidenta Michelle Bachelet y despenalizaría el aborto si: está en peligro la vida de la madre, si el feto es inviable y en caso de embarazo por violación.
Actualmente el aborto se castiga con penas de cinco años o más y se extiende al personal médico o parteras ilegales. No hay cifras confiables que registren el número de abortos practicados anualmente en Chile pero algunas estimaciones de legisladores calculan entre 30 mil y 100 mil.
El proyecto de Bachelet fue aprobado en el Congreso en julio, pero senadores conservadores acudieron al Tribunal para que en la práctica actuara como tercera cámara.
La oposición ha utilizado esta táctica con anterioridad y le ha dado resultados a su favor. El abogado Miguel Ángel Fernández, a nombre de esos senadores, afirmó que la exigencia constitucional de proteger la vida del que está por nacer no permite la “eliminación o descarte” del feto.
A su vez, Ángela Vivanco, en representación de diputados opositores, alegó que el proyecto tiene varias discriminaciones, “como considerar que un hijo cuando es producto de una violación no merece vivir, que un hijo cuando va a morir pronto, no merece vivir”.
Del lado del oficialismo, el abogado Francisco Zúñiga aseveró que “aquí no hay un desprecio por la vida, no hay la consagración de un derecho al aborto”, y agregó que “ni el gobierno ni el legislativo avalarían ésa posibilidad”.
La izquierda chilena aún debe librar batallas para lograr la aprobación de proyectos de ley como éste, pero los avances han sido notables.