La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidió el martes acciones para frenar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad que han cooptado al gobierno de este país centroamericano.
“Se reclama la acción conjunta de los tres poderes del Estado y la participación de la ciudadanía para lograr una verdadera cultura de legalidad”, dijo el comisionado Iván Velásquez, quien explicó que se ha atentado gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas.
Velázquez informó que entre 2008 y 2016 se redujo el nivel de impunidad de 2% con procesos judiciales encaminados contra el crimen organizado, pero que hace falta mucho más.
Velásquez presentó el informe de labores tras 10 años de trabajo de la Comisión en el país. La Cicig es un ente de Naciones Unidas que coopera con la fiscalía de Guatemala en la investigación de casos de corrupción y crimen organizado.
Este informe se presenta casi mes y medio después de que el presidente Jimmy Morales ordenara la expulsión de Velásquez. Dos días antes, la Cicig y la fiscalía solicitaron el retiro de la inmunidad del mandatario para investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Sin embargo, el Congreso en dos ocasiones rechazó que se le pueda investigar. El mismo martes, el gobierno guatemalteco publicó una carta en la que anunciaba que revocaba la visa oficial a Velásquez, a lo que el mismo comisionado restó importancia al explicar que se trataba de un trámite administrativo. “Ya se ha solicitado de nuevo la visa”, dijo.
Morales fue invitado a la presentación del informe, pero no asistió. La fiscal general Thelma Aldana agradeció la cooperación de la Cicig y dijo que se comprometía a continuar la lucha contra la corrupción.
Entre los principales casos que la Cicig ha investigado están el caso de “La Línea”, por el que en 2015 se acusó al entonces presidente Otto Pérez Molina, a su vicepresidenta Roxana Baldetti y a varios miembros de su gabinete de actos de corrupción.
Pérez Molina y Baldetti tuvieron que renunciar al cargo y se encuentran presos a la espera de saber si serán juzgados. Otro de los casos es la acusación contra el alcalde capitalino y expresidente del país Álvaro Arzú, (1996-2000) quién habría utilizado fondos municipales para su campaña política.
