El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como exintegrante del extinto M-19, y otros exguerrilleros, como el senador Antonio Navarro, serán citados a declarar por la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985, informó este lunes la Fiscalía.
"Vamos a llamar en calidad de declarantes a varios dirigentes del M-19 para la época de hechos de Palacio De Justicia: Fiscal General", escribió el ente acusador en su cuenta de Twitter.
Vamos a llamar en calidad de declarantes a varios de dirigentes del M-19 para la época de hechos de #PalacioDeJusticia: #FiscalGeneral
Vamos a llamar en calidad de declarantes a varios de dirigentes del M-19 para la época de hechos de #PalacioDeJusticia: #FiscalGeneral
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 9, 2015
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó en entrevista con Noticias Uno el domingo, 8 de noviembre, que llamaría como testigos a exintegrantes de la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19), indultados en el marco de un proceso de paz en el que dejaron las armas en 1990.
El informe de medicina legal determinó que todas las municiones encontradas en cuerpos de magistrados no pertenecían a armas del M19.
El informe de medicina legal determinó que todas las municiones encontradas en cuerpos de magistrados no pertenecían a armas del M19.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 6, 2015
"Vamos a llamar a declarar a Antonio Navarro Wolff, a (Gustavo) Petro, a Otty Patiño, a Rosemberg Pabón, a Vera Grabe, como dirigentes del M-19 en calidad de declarantes porque vamos a profundizar en las eventuales responsabilidades históricas por su papel en el Palacio de Justicia", afirmó Montealegre.
La semana pasada se cumplieron tres décadas de la toma guerrillera de la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado -tribunal de lo contencioso administrativo-, y de su violenta recuperación por parte de las fuerzas armadas, hechos que dejaron un centenar de muertos -entre ellos 11 magistrados-, además de una decena de desaparecidos.
Por las desapariciones forzadas y torturas contra personas que salieron vivas del edificio, ubicado a pocos metros del Congreso y de la casa presidencial de Colombia, el Estado fue condenado el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Como parte de esa condena, que ordena el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió perdón a familiares de víctimas por los excesos cometidos durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, así como por la falta de esclarecimiento sobre lo ocurrido.
Además de los exdirigentes del M-19, la Fiscalía citó también a tres ministros del entonces gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) para dar su testimonio en la investigación que lleva la entidad al respecto.Colombia vive un conflicto armado en el que han participado guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y bandas narcotraficantes, que ha dejado al menos 220 mil muertos.