Entre gritos y peleas y con la mitad de las sillas vacías el Congreso colombiano tuvo que aplazar para la próxima semana el debate sobre el sistema especial para juzgar a los actores del conflicto armado.
Ni siquiera el Partido Social de la Unidad Nacional -popularmente llamado Partido de la U- del presidente Juan Manuel Santos acudió en su totalidad a votar uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz logrado a fines de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): la creación de los tribunales para juzgar a guerrilleros y militares.
Hasta ahora y gracias a su mayoría parlamentaria el gobierno había logrado siempre sacar adelante todas las medidas para implementar el acuerdo de paz. Incluso el pacto fue ratificado por el Congreso dos meses después de ser derrotado en un plebiscito. Pero la coalición de Santos está frágil y el mandatario atraviesa uno de los momentos más impopulares de sus siete años en el gobierno con apenas un 24% de apoyo.
A su vez, la Fiscalía ha presentado pruebas que apuntan a que el mandatario habría recibido fondos procedentes de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para su reelección en 2014, la economía está cuesta abajo y el vicepresidente Germán Vargas Lleras abandonará su puesto para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018.
"Hay bastante gente que cree que estamos en el Titanic", afirmó el analista Mauricio Vargas. "El acuerdo de paz no está en riesgo, pero va a ser tortuosa su implementación", agregó en diálogo con The Associated Press.
Mientras tanto el Congreso y las FARC aprovechan la debilidad para exigir más al gobierno. La guerrilla, concentrada en 26 zonas para desarmarse en los próximos meses, no se ha cansado de repetir que el gobierno no cumple lo prometido.
El partido opositor Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), acérrimo opositor del acuerdo de paz, también ha aprovechado la baja popularidad del gobierno para afianzar su posición.
En el frustrado debate del miércoles por la noche en el Congreso uno de los voceros de Uribe arremetió contra uno de los portavoces de Voces para la Paz, la formación que representa a las FARC en el Congreso y que puede opinar pero no votar.
La justicia de paz es uno de los temas más polémicos del acuerdo con las FARC porque prevé penas sin cárcel para los actores del conflicto que contribuyan a reconstruir la verdad. De ser aprobada sólo los crímenes atroces serían castigados mientras que el grueso de los siete mil combatientes de la guerrilla sería amnistiado.