La Corte Suprema de Justicia comenzó hoy, lunes 1 de junio de 2015, el juicio contra el general retirado Miguel Maza Márquez por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento ocurrido en 1989.
El juicio tiene lugar después de que un juez confirmara que el crimen no ha prescrito porque se trata de un delito de lesa humanidad.
El general retirado, ex director de los servicios de inteligencia, está acusado de colaborar en el magnicidio al presuntamente debilitar el esquema de seguridad del candidato, lo que ocasionó no sólo su muerte sino también la de un concejal y un escolta.
Se espera que el general, detenido desde noviembre de 2013, explique ante el alto tribunal sus supuestos nexos con los paramilitares, quienes se unieron a los carteles de Medellín y Cali para cometer el asesinato del dirigente político que estaba a un paso de convertirse en presidente.
El militar ha insistido repetidas veces en su inocencia.
El juicio se enmarca en un proceso de revisión histórica en Colombia que ha reabierto las investigaciones sobre algunas de las matanzas más conocidas de su vida moderna.
Seis meses atrás la Fiscalía exhumó los restos del ex líder del grupo guerrillero M-19 y candidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado en 1990 en pleno vuelo de Avianca, cuando hacía la ruta de Bogotá a Barranquilla. Se trató de la segunda necropsia al caudillo liberal para tratar de averiguar si efectivamente el responsable del crimen fue el sicario Gerardo Gutiérrez, quien salió del baño con un arma con la que disparó al candidato o si por el contrario participaron en complicidad agentes del estado.
La Fiscalía prepara al menos 15 citaciones a testigos y escoltas de Pizarro, quien se convirtió en el tercer candidato presidencial asesinado por narcos y paramilitares.
Este mes también se exhumaron los restos de tres personas fallecidas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. A pesar de la condena al coronel Alfonso Plazas Vega, la justicia trata de averiguar la circunstancias en que fallecieron ya que existe la creencia de que varios de ellos salieron con vida pero fueron ejecutados extrajudicialmente en la retoma de los tribunales ordenada por el coronel Plazas.