La Fiscalía de Colombia anunció este jueves el congelamiento de bienes avaluados en 98.2 millones de dólares, pertenecientes a la guerilla FARC, que implementa con el gobierno un pacto de paz firmado el pasado noviembre.
"Hemos congelado con fines de extinción de dominio bienes por un valor cercano a 282 mil millones de pesos (98.2 millones de dólares) en predios de influencia de las disidencias y excombatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (marxistas)", dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa.
Martínez aseguró que este resultado fue producto de un trabajo conjunto con el Ejército, la Policía y autoridades administrativas, que duró "varios meses" y "que ha logrado identificar igualmente bienes producto de actividades ilícitas como narcotráfico", desarrolladas por algunos miembros de la guerrilla disidentes de frentes como el 7, 10, 40 y el "Acacio Medina".
Las operaciones se realizaron en cuatro departamentos, entre ellos Vichada, al este del país, donde se identificaron "6 inmuebles y 4 sociedades avaluadas en 6 mil millones de pesos" (unos 2 millones de dólares), las cuales se dedicaban a la minería ilegal.
En tanto, en Arauca (este), se encontraron "mil 473 hectáreas valoradas en 5 mil millones de pesos" (1.7 millones de dólares). Martínez también dijo que en el sur del departamento de Bolívar se identificaron "260 mil hectáreas de predios rurales que fueron aprovechados históricamente por el frente 24 (de las FARC)" para la explotación de cultivos ilícitos, tierras que tienen un valor de "cerca de 260 mil millones de pesos" (90 millones de dólares).
Además, en el centro del país, en el departamento de Meta, las autoridades encontraron 11 predios por un valor aproximado de "4 mil millones de pesos" (1.4 millones de dólares), en los municipios de La Uribe y Mesetas, zonas cercanas a donde se concentra las FARC para iniciar su proceso de desarme y regreso a la vida civil.
El fiscal apuntó que el artículo 41 de la ley de amnistía, aprobada en diciembre por el Congreso para rebeldes señalados únicamente de delitos políticos y que forma parte de la implementación del acuerdo de paz, dice que las autoridades pueden realizar acciones "contra los bienes ilícitos" de los excombatientes y disidentes de la guerrilla.