Las autoridades de Colombia buscan responsables por la avalancha que dejó este mes más de 300 muertos en el sur del país e investigarán si se desoyeron las repetidas advertencias sobre la posibilidad de la tragedia.
Las actividades del alcalde de Mocoa —la ciudad afectada por el alud— y directores de autoridades ambientales y de gestión de riesgo entre 2012 y 2017 serán analizadas por la Procuraduría General de la Nación, ente encargado de fiscalizar a los organismos públicos.
"El Ministerio Público busca determinar quiénes fueron los responsables de las presuntas irregularidades en las que, por acción o por omisión, pudieron haber incurrido al no adoptar las medidas tendientes a mitigar la catástrofe ocurrida el 1 de abril", dijo este martes el organismo en un comunicado.
La tragedia tomó desprevenidos a los habitantes mientras dormían, pero sorprendió a pocos. No solo había rumores en la ciudad, sino que estudios y advertencias de instituciones oficiales, expertos en uso de suelos y organizaciones ambientales advirtieron desde 1989 sobre la posibilidad de una avalancha sobre la ciudad construida en un valle, rodeada y atravesada por ríos.
Esta investigación preliminar se suma a la de la Fiscalía, que también inició entrevistas con el alcalde de Mocoa y la gobernadora del departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador y donde se encuentra la ciudad.
El último balance cifra en 323 los muertos por el alud de barro y lodo que sepultó varios barrios de esa localidad de 42 mil habitantes.
Mientras se siguen retirando escombros más de dos semanas después de la tragedia, el Gobierno ultima el análisis de las zonas en las que podría reubicar a las familias damnificadas.
"Hay zonas identificadas donde no se puede construir", concluyó el presidente Juan Manuel Santos en su enésima visita al lugar. El estudio definitivo del Ministerio de Medio Ambiente debería estar listo en las próximas semanas.