GINEBRA, Suiza. (EFE).- La Comisión Internacional de Juristas denunció que hoy la profunda sumisión de la Justicia venezolana a los dictados del Gobierno y su utilización para reprimir las protestas estudiantiles y garantizar impunidad a los agentes de las fuerzas del orden responsables de abusos de los derechos humanos.
"La judicatura está siendo utilizada para perseguir a estudiantes, líderes sindicales y en general a los que participan en protestas", dijo hoy el jurista Carlos Ayala al presentar el informe más completo elaborado hasta la fecha sobre el funcionamiento actual del Poder Judicial en Venezuela.
La evaluación, efectuada por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) fue realizada a través de talleres y reuniones con más de un centenar de exjueces, antiguos fiscales y abogados en tres regiones de Venezuela, ya que a los magistrados en funciones no se les permitió participar.
Los representantes del Gobierno que fueron contactados no respondieron a ninguna de las peticiones de reunión de los enviados de la CIJ, indicó el secretario general de esta entidad, Wilder Tayler.
La falta de independencia afecta a todas las instancias de la administración de justicia, incluyendo a los jueces supremos, "designados en base a lealtades políticas y no por sus cualidades profesionales", aseguró Ayala en una rueda de prensa en Ginebra.
El jurista aseguró que de poco más de 1900 jueces en Venezuela -aparte de los 37 supremos-, el 70% han sido nombrados sin haber participado en concursos públicos y su precariedad es tal que para removerlos se requiere una simple comunicación escrita. Cada año, según el comisionado del CIJ, son removidos de sus puestos unos 300 jueces.
La situación en el Ministerio Público es todavía más inquietante, indicó Ayala, ya que "de 1.500 fiscales, prácticamente ninguno es titular". "Ellos (el Gobierno) designa libremente jueces y fiscales, y los va reciclando", comentó.
El informe del CIJ señala que también el gremio de abogados sufre de la intromisión del poder político, con "el favoritismo del Gobierno para el nombramiento de abogados graduados de universidades estatales en cargos de judicatura, además del enjuiciamiento de abogados asociados a casos políticamente sensibles contra el Estado".