La Comisión de la Verdad de Brasil (CNV) confirmó 434 muertos o desaparecidos durante la dictadura militar (1964-1985), según el informe final que recibió este miércoles, 10 de diciembre, una conmovida presidenta Dilma Rousseff, torturada durante el régimen.
"El tercer volumen de este informe describe la historia de cada uno de los 434 muertos y desaparecidos políticos", dijo el coordinador de la comisión, Pedro de Abreu Dallari, durante la ceremonia de entrega del informe a Rousseff en el palacio presidencial de Planalto.
Dallari aseguró que se escucharon más de mil testimonios en dos años y siete meses de trabajo desde su creación, y elaboraron un informe de 4 mil 400 páginas, casi 30 años después del fin de la dictadura.
Pronunciamiento
"Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia", dijo por su parte la presidenta, quien se emocionó durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, "continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo".
La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y que también ha prestado su testimonio a este grupo de trabajo, al igual que sus colegas Luiz Inacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
"Hubo un trabajo metodológico riguroso para que el documento sea relevante y contundente para la sociedad brasileña", aseguró Dallari. Hasta la fecha, en Brasil se reconocían extraoficialmente unos 400 muertos durante la dictadura.
La nueva cifra registra un incremento y dista mucho de las que reconocen otros países de la región que también sufrieron férreas dictaduras a finales del siglo pasado, como Argentina (30 mil desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos) o Chile (3 mil 200 muertos y unos 38 mil torturados).
Brasil tampoco ha juzgado a los represores de esa época, precisamente por una ley que data de 1979 y que amnistió policías y militares que violaron los derechos humanos.
El documento detalla exhaustivamente la "práctica sistemática" de los militares de cometer detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y el ocultamiento de cadáveres. Documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, como también 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.
"Estas cifras por cierto no corresponden al total de muertes y desapariciones sino solo de casos que fue posible comprobar", dice el informe, y cita "los obstáculos encontrados durante la investigación, especialmente la falta de acceso a la documentación de las fuerzas armadas, que según se dijo oficialmente ha sido destruida".
ROUSSEFF PERDIÓ LA COMPOSTURA
Rousseff, notoria por su fortaleza de ánimo, perdió la compostura durante su discurso de presentación del informe en la capital Brasilia. El público le tributó una ovación de pie cuando hizo una pausa.
"Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad. Y, sobre todo, quienes merecen la verdad son aquellos que perdieron a miembros de sus familias, amistades, compañeros y siguen sufriendo, como si volvieran a morir cada día de sus vidas", afirmó la presidenta, a veces cortándose a mitad de una frase luchando por contener las lágrimas.
"Nosotros, que creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya a ese objetivo para que los fantasmas de un pasado triste y doloroso no puedan seguir refugiándose en el silencio".
HRW demanda castigo para los culpables
Human Rights Watch (HRW) demandó que Brasil avance ahora hacia el castigo de los culpables de delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1964 y 1985.
La Comisión de la Verdad estableció que por las 434 muertes y desapariciones que pudieron ser documentadas durante la dictadura militar hay 337 responsables.
En un comunicado divulgado tras conocerse el informe, HRW recordó que unos 200 de esos agentes continúan con vida y afirmó que deben ser llevados ante la Justicia, lo cual lo impide una polémica Ley de Amnistía dictada en 1979 por la propia dictadura y aún en vigor.
"La Comisión de la Verdad trae una fundamental contribución al ofrecer un relato categórico, guardado durante mucho tiempo, sobre los más graves crímenes cometidos durante la dictadura", declaró la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu.
Agregó que "tan importante como eso es que la comisión indica el camino para una próxima y crucial medida que debe adoptar Brasil", que es "garantizar que aquellos que cometieron atrocidades respondan ante la Justicia".
HRW sostiene que el informe de la comisión esclarece que "no sólo se persiguió a miembros de grupos armados, sino también a crÍticos, académicos, religiosos, sindicalistas, campesinos y hasta militares que defendÍan el retorno a la democracia".
Según Canineu, "este informe histórico no debe ser considerado el final del proceso" y su contenido debe servir para "redoblar los esfuerzos volcados a responsabilizar a los autores de esos graves crímenes".
