El Senado brasileño dio el martes su aprobación definitiva a la enmienda constitucional que congela los gastos públicos durante 20 años a partir de 2017, la primera de las impopulares medidas de austeridad del presidente Michel Temer.
Organizaciones estudiantiles y la Central Única de Trabajadores (CUT) convocaron a protestas por la tarde en Brasilia, para denunciar una medida que estiman afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación y perjudicará en particular a la población más pobre del país.Por la mañana se reportaron incidentes en varias ciudades, entre ellas Sao Paulo y Porto Alegre, con barricadas y cortes de arterias importantes.
La enmienda fue aprobada por 53 votos a favor y 16 en contra y debe ser promulgada esta misma semana. Su aprobación definitiva requería una doble aprobación, con mayorías cualificadas, en la Cámara de Diputados y en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, había contado con el respaldo de 61 de los 81 senadores.
La reforma del "techo de gastos" implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior. Michel Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163 mil millones de reales (48 mil millones de dólares) en 2016, y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.
El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma "desprovista de cualquier matiz y compasión", que "afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables".
Según los últimos elementos de una encuesta de Datafolha que empezó a publicarse el fin de semana, un 60% de los brasileños se opone a la enmienda del "techo de gastos" (un 24% la apoya) y un 58% estima que el Congreso es "malo" o "pésimo".
La sesión estuvo dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos y contra quien el fiscal general presentó el lunes cargos que lo vinculan al megaescándalo de Petrobras.
La enmienda del "techo de gastos" es apenas la primera del plan de ajustes de Michel Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad mínima uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.
La votación de las reformas en el Congreso de Brasil transcurre en el marco de nuevas revelaciones de la Operación Lava Jato sobre el caso Petrobras. En los últimos días, varios ministros y legisladores oficialistas, y el propio Temer, han sido mencionados por exejecutivos de la constructora Odebrecht como presuntos beneficiarios de sobornos.
El presidente negó tajantemente haber pedido en 2014 diez millones de reales (4,2 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros de su partido, como alega uno de los delatores.
Las revelaciones debilitan aún más a Temer, que cuenta con apenas un 10% de opiniones favorables, y complican su objetivo declarado de entregar en país "saneado" a quien resulte electo para sucederle en 2018.
Un 63% de los brasileños, de acuerdo con Datafolha, desea que el mandatario renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa.
Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3.5%, después de haber llegado a 3.8% en 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños (11.8% de la población activa).
Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una "agenda positiva" de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.