La Cámara de Diputados de Brasil comenzó el viernes el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, un tema que enfatiza la profunda división en el país más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.
En caso de que los legisladores aprueben la medida en una votación programada para el domingo, el tema llegaría al Senado, donde se llevaría a cabo un juicio político que provocaría la suspensión inmediata de Rousseff como presidenta de Brasil.
El ambiente en la cámara baja estaba muy cargado al inicio de la sesión, cuando los opositores de Rousseff se vistieron con listones amarillos y verdes, y mostraron pancartas que decían "íDestitución ahora!".Los legisladores que respaldan el juicio político alegan que el gobierno de Rousseff violó normas fiscales al manipular los libros contables en un intento por recabar apoyo popular.
Sin embargo, muchos de quienes promueven la acusación enfrentan a su vez graves acusaciones de corrupción, lo que ha causado que Rousseff y sus seguidores denuncien que todo el proceso es un descarado intento de sus enemigos para hacerse del poder.
Los defensores de Rousseff insisten en que la mandataria no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables utilizadas por presidentes anteriores.
Miguel Reale Junior, autor de la petición de destitución, dijo que las acciones de Rousseff provocaron directamente los males que ahora son una plaga para el país, como la elevada inflación y las devaluaciones periódicas del real brasileño ante el dólar estadounidense en meses recientes. "¿Me van a decir que eso no es un delito?", preguntó Junior ante la plenaria.
El procurador general José Eduardo Cardozo disputó exactamente eso al advertir a los legisladores en su apasionado discurso ante la cámara que debido a que Rousseff no había cometido delito alguno, su juicio político constituiría un acto de "violencia sin precedentes" contra la democracia y el pueblo brasileño.
"Se ha cometido violencia contra el estado democrático", gritó Cardozo con marcados ademanes.Rodeado de personas con pancartas que mostraban una Constitución rota y rasgada, Cardozo insistió en que todo el juicio político era un acto de venganza personal contra Rousseff de parte del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha.Cunha, considerado la fuerza impulsora detrás del juicio político, ha sido implicado en la investigación sobre el pago de sobornos en la estatal petrolera Petrobras, así como en otras redes de corrupción.
El viernes, un artículo publicado por el respetado periódico Estado de S. Paulo citó un testimonio de acuerdo de culpabilidad como un elemento que sugiere que Cunha había recibido más de cuatro millones de dólares en sobornos como parte de un proyecto de renovación portuaria de Río de Janeiro vinculado con los Juegos Olímpicos de agosto. El texto indicó que Ricardo Pernambuco Junior, de la constructora Carioca Engenharia, dijo a los investigadores que la compañía pagó a Cunha 1.5% del acuerdo en sobornos.
El artículo incluyó hojas de cálculo que aparentemente mostraban que la compañía canalizó pagos que suman más de cuatro millones de dólares a Cunha a través de varias cuentas en el extranjero.
Cunha ha negado repetidamente haber cometido falta alguna y continúa ejerciendo un poder considerable pese a los problemas legales que enfrenta, que incluyen lavado de dinero y otros cargos relacionados con la red de corrupción de Petrobras y procesos del comité de ética en la Cámara de diputados sobre acusaciones de que mintió al insistir en que no tenía cuentas bancarias en el extranjero.Pero si bien el comité de ética contra Cunha ha avanzado lentamente y está lejos de llegar a una conclusión, el presidente de la Cámara ha logrado que el proceso de juicio político contra Rousseff avance velozmente, lo que generó que muchos críticos denuncien el proceso como profundamente infundado.
La disputa política interna que paraliza Brasil sucede mientras el gigante sudamericano enfrenta problemas desde varios frentes: se espera que la economía se contraiga casi 4% en este año, el virus del zika que causa males congénitos se ha convertido en una crisis de salud para los pobres estados del noreste, y el país está a menos de cuatro meses de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano.La crisis política se ha extendido por meses, lo que ha paralizado los intentos para ayudar a impulsar la economía y ha postergado otras medidas que los observadores consideran cruciales para reencaminar al país.
Leonardo Picciani, un congresista del estado de Río de Janeiro que se ha manifestado contra la postura de su partido a favor del juicio político, dijo que lo más importante para el país no es si Rousseff sigue en el poder, sino que la situación sea resuelta pronto.
"Este tema ha sido una herida abierta durante mucho tiempo", aseguró.
"Debe ser cerrada el domingo, cualquiera que sea el resultado".Para que el juicio político avance al Senado se requieren dos tercios de los 513 diputados, es decir 342. Si la cámara alta acepta tomarlo, Rousseff sería obligada a dejar el puesto hasta que la medida sea sometida a votación. El Senado tendría seis meses para un juicio.Tanto las fuerzas que respaldan al gobierno como las de la oposición aseguran tener suficientes votos para ganar el domingo, pero los conteos diarios efectuados por los medios de comunicación brasileños dejan entrever que la oposición está mucho más cerca de la victoria.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mentor y predecesor de Rousseff, dio a conocer un video en que advirtió a los legisladores que el juicio político dificultaría aún más abordar los males del país."Derrocar un gobierno que fue elegido democráticamente sin ninguna prueba de delito fiscal alguno, no va a resolver nada", afirmó Lula. "Lo único que logrará es profundizar las crisis".
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