De retorno de vacaciones, los congresistas brasileños se preparan para otro año agitado, en el que deberán lidiar con nuevas acusaciones del escándalo Petrobras y aprobar las impopulares medidas de austeridad impulsadas por el presidente Michel Temer.
El Senado y la Cámara de Diputados eligieron esta semana a sus presidentes, Eunício Oliveira y Rodrigo Maia, dos aliados de Temer.
Al igual que el mandatario, están mencionados en la investigación Lava Jato sobre sobornos y desvíos de dinero en la petrolera estatal, pero los tres niegan cualquier implicación.
Los mandatos de los congresistas deben durar hasta fines de 2018, cuando se celebrarán elecciones generales.
La democracia brasileña convalece aún de las convulsiones de 2016: el proceso de destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, encarcelamiento del ultraconservador expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y una guerra abierta de poderes ante el avance de esa investigación.
Fue “el año más difícil de la República”, afirmó el presidente saliente del Senado, Renan Calheiros, que logró concluir su mandato pese a haber sido inculpado de desvío de dinero público, desafiando una orden de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF).
Pero nadie se atreve a augurar que 2017 será más apacible, con un presidente que en diciembre tenía 13% de popularidad, un Congreso con una aprobación de apenas 7% y una recesión que en dos años provocó una caída de casi 8% del PIB.
Temer asegura que no tiene ambiciones para 2018 y que solo pretende pasar a la historia como el hombre que rescató a Brasil.
Para ello, junto a su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, impulsa un programa de ajustes que apuntan a recuperar la confianza de los inversores, con resultados hasta ahora por debajo de lo esperado.