El tribunal de apelación de Aix-en-Provence (sur de Francia) juzgó el jueves que la firma alemana TÜV, certificadora de las prótesis mamarias defectuosas PIP, "respetó sus obligaciones" y no cometió ninguna falta que implique su responsabilidad civil.
En su veredicto, que contradice el pronunciado en primera instancia por una corte de Tolón (sur), el tribunal de apelación considera que la firma alemana y su filial francesa "respetaron las obligaciones que les incumben en tanto organismos certificadores" y "no cometieron faltas que impliquen su responsabilidad civil delictiva".
En primera instancia, el tribunal de Tolón había estimado que la empresa certificadora "faltó a sus obligaciones en materia de control, de prudencia, de vigilancia" en el ejercicio de sus funciones y condenó a la casa matriz y a su filial francesa a "reparar los perjuicios materiales e inmateriales causados a los distribuidores y los perjuicios corporales y/o psicológicos causados a las portadoras de implantes mamarios de marca PIP".
La empresa y su filial francesa habían sido condenadas a pagar 3 mil 400 euros ($3 mil 777) a cada una de las mil 700 víctimas, a título provisional en espera de peritajes.
El tribunal de apelación rehusó recientemente suspender esa condena impugnada por TÜV, por lo que la empresa ha pagado hasta ahora 5.8 millones de euros ($6.44 millones) a las víctimas.
VÍCTIMAS DEBERÁN DEVOLVER EL DINERO
Tras el veredicto del jueves, "técnicamente, las personas deben devolver ese dinero, pero ninguna decisión fue tomada respecto a una demanda de rembolso", precisaron a la AFP fuentes allegadas a la firma.
El escándalo de las prótesis mamarias de la fábrica Poly Implant Prothèse (PIP) fue descubierto en marzo de 2010.
La empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado que declaraba utilizar.
El número de portadoras de las prótesis PIP se estima en 30 mil en Francia y en cientos de miles en el mundo, muchas de ellas latinoamericanas.
En diciembre de 2013, la justicia francesa condenó al fundador de PIP, Jean-Claude Mas, y a varios otros directivos de la firma a penas de cárcel por este escándalo.