El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó este martes los planes del Parlamento, de mayoría opositora, de iniciar un proceso legislativo que lleve a la destitución de sus jueces.
"Rechazamos las acciones de un sector de la Asamblea Nacional que pretende erosionar la estabilidad política, democrática y el orden constitucional", señaló en un comunicado la Sala Constitucional del TSJ, que insistió en que la cámara se encuentra en "desacato".
El presidente del máximo tribunal del país, Maikel Moreno, dijo previamente que el congreso "carece de legalidad y legitimidad para remover a (los) magistrados", citado por el TSJ en su cuenta de Twitter.
La bancada opositora anunció que comenzará este miércoles el procedimiento para destituir a los jueces, luego de que en dos sentencias que causaron fuerte rechazo internacional el TSJ asumiera la semana pasada las funciones del Legislativo y eliminara la inmunidad de sus diputados.
La corte anuló esas decisiones tras una reunión entre poderes públicos -a la que no asistió el jefe parlamentario- que convocó el presidente Nicolás Maduro por la sorpresiva condena de la fiscal general, Luisa Ortega -confesa chavista-, a esos fallos.
Pero la oposición sostiene que los dictámenes constituyen un "golpe de Estado" que continúa, pues el tribunal mantiene el estatus de "desacato" en que declaró al Parlamento hace más de un año y por el cual ha anulado todas sus decisiones.
El TSJ destacó que la medida contra los magistrados debe estar precedida por "la calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano".
Las posibilidades de remoción de los jueves son escasas, pues dependen del Poder Ciudadano, integrado por la fiscal, el defensor y el contralor, "aliados del gobierno", explicó este martes a la AFP el constitucionalista José Vicente Haro.
"Al menos dos de esos tres funcionarios deben declarar la falta grave de los magistrados, si consideran que violaron la Constitución, y luego la Asamblea vota su remoción", dijo.
Ya el defensor, Tarek William Saab, descartó que las decisiones judiciales hayan ocasionado una "ruptura del orden constitucional".