Costa Rica concedió asilo político al activista nicaragüense de derechos humanos Alvaro Leiva, uno de los más involucrados en la protección de los detenidos durante la ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, anunciaron este miércoles las autoridades.
Leiva es secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), que cerró sus oficinas en Nicaragua en agosto pasado tras alegar serias amenazas y asedio de grupos armados afines al gobierno de Ortega.
Tras el cierre, el defensor de los derechos humanos se trasladó a Costa Rica.
“Leiva acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para solicitar protección, ante la crisis social, política y económica que enfrenta Nicaragua, al considerar que se encuentra en una situación de riesgo como resultado de sus labores por la defensa de los derechos humanos”, señaló el gobierno costarricense en un comunicado.
Indicó que el presidente Carlos Alvarado y la canciller Epsy Campbell accedieron a su petición, basada en su temor a sufrir “persecución política que se ha materializado en actos concretos contra su vida, libertad, seguridad e integridad personal”, indicó el comunicado.
La Anpdh ha denunciado la existencia de una “profunda crisis” de violación a los derechos humanos en Nicaragua por la represión a las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril.
En esa fecha, estudiantes salieron a las calles en Nicaragua para protestar contra una reforma a la seguridad social, que se transformó en una movilización nacional contra el gobierno de Ortega, tras la violenta represión contra los manifestantes.
Organismos de derechos humanos indican que al menos 320 personas han muerto en la represión, aunque la Anpdh considera que el número de víctimas es de cerca de 500.
Millares de nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica por la represión en su país y el agudo declive económico de la crisis, que provocó el cierre de numerosos negocios, en especial en el sector turístico.
