Un centenar de personas se agolpan en una oficina en Miami, que ofrece asistencia legal gratuita o de bajo costo a los inmigrantes, muchos de ellos sin papeles. Buscan legalizar su permanencia en Estados Unidos antes de que Donald Trump cumpla su amenaza de "deportar a millones".
Con las cabezas gachas y cargando carpetas llenas de documentos, cubanos, venezolanos, haitianos y hondureños, entre otros, esperan en una sala atiborrada a que los atienda un abogado de migración.
José Luis, de 46 años, relata que salió de Cuba a Guyana y de allí atravesó toda Suramérica por tierra hasta Chile, para luego subir nuevamente por Los Andes y cruzar la frontera en Texas, en una odisea que lo llevaría a reunirse con su hija de 14 años en Miami.
"Esas son las cosas que hacemos los cubanos para salir de Cuba por lo malo que está el país de nosotros", comenta, sin dar su apellido.
Esta oficina de la organización caritativa Church World Service (CWS) ya solía estar ocupada, pero el flujo de consultas aumentó desde que el presidente Trump tuiteó la semana pasada, que deportará a "millones de extranjeros ilegales".
Un día después, el martes, anunció su campaña por la reelección en 2020.
Los días siguientes se instaló el pánico. El fin de semana pasado, la comunidad inmigrante esperaba redadas masivas de ICE, la policía de migración, pero la operación fue postergada hasta la semana próxima.
"Esto los impulsó a venir y buscar servicios más rápido", dijo a la AFP Maureen Porras, la directora jurídica de CWS. "Tenemos clientes que luego de que se hiciera este anuncio, me contactaban preguntando '¿cómo me afecta esto?', '¿estoy en peligro?'". "Nos estamos preparando lo mejor que podemos", contó.
¿Y cómo prepararse? Abogados y activistas coinciden en que la comunidad debe conocer sus derechos, organizar sus documentos, prever quién se quedará con la custodia de los hijos y, ante todo, no abrir la puerta a un oficial de ICE que no muestre una orden de arresto.
Pero el cubano Carlos Iraola Reyes, de 31 años, irá más lejos y abandonará Florida, donde se acaba de implementar una ley que exige a la policía que colabore con los oficiales de migración.
"Me voy a Texas porque es un estado más benevolente", comentó a la AFP este ingeniero eléctrico, sobre quien pende la amenaza de ser deportado. "¿Usted cree que yo puedo caminar libremente? Sería muy ingenuo".