La crisis entre Colombia y Venezuela entró este viernes en la agenda internacional con el llamado de la ONU a mantener un "diálogo constructivo", el anuncio de una reunión de la Unasur y a la espera de que la OEA decida si convoca una cita de cancilleres, luego de que ambos Gobiernos llamaran a consultas a sus embajadores.
En medio de la tensión y de la crisis humanitaria por la deportación de más de mil colombianos y el desplazamiento de otros 4 mil, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) programó, a petición de Colombia, una reunión este lunes para decidir si se convoca una cita de cancilleres para tratar el tema.
Las declaraciones del titular de ese organismo, Luis Almagro, sin embargo, fueron discretas al llamar hoy "a profundizar relaciones bilaterales con el propósito de encontrar soluciones a temas de dinámicas fronterizas", sin mencionar explícitamente esta crisis.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su canciller, María ngela Holguín, habían pedido además una reunión de cancilleres de la Unasur y el envío de misiones de ese bloque y de la OEA a la frontera.
"Comparto totalmente la petición del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Creo que la crisis ha escalado a unos niveles que requiere una intervención mayor", dijo a Efe el titular de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, horas antes de que Holguín anunciara que la reunión de cancilleres del bloque para tratar el tema se llevará a cabo el 3 de septiembre en Quito.
La frontera está cerrada desde el 19 de agosto en el puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta (Colombia) con San Antonio (Venezuela), por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares, que incluyó la declaración del estado de excepción en seis municipios y la deportación de más de mil colombianos.
Maduro, amplió este viernes a otros cuatro municipios la clausura indefinida.
Además, afirmó que propondrá ante la Unasur la creación de una Comisión Suramericana de la Verdad sobre la situación de "contrabando, narcotráfico y paramilitarismo" en la frontera.
"Es la primera vez que escucho que se deporta a la gente para que no haya contrabando, las medidas de contrabando tienen origen económico y hay que tratarlas como tal", comentó Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay, país que ocupa la presidencia pro témpore de la Unasur.
A raíz de la situación y luego de que la ONU expresara su preocupación por informaciones "sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el proceso de deportación de colombianos", el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, pidió hoy a los dos Gobiernos seguir manteniendo un "diálogo constructivo".
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Venezuela a detener de manera inmediata "cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria" de colombianos y "abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir" sus propiedades.
Santos exigió hoy también al Gobierno venezolano que facilite la reunificación de las familias colombianas separadas por el éxodo e insistió en que quienes cruzan las trochas con sus electrodomésticos y camas a cuestas "son colombianos humildes, no paramilitares".
Precisamente, el alcalde de la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, Donamaris RamÍrez Lobo, anunció hoy que interpondrá una denuncia ante la CIDH contra Maduro por delitos de lesa humanidad.
Esa decisión se suma a la del gobernante Partido de la U de "demandar" a Maduro ante la misma comisión y a la del opositor el Centro Democrático, liderado por el exmandatario lvaro Uribe, que solicitó "medidas cautelares" ante la CIDH para proteger a los deportados.
En tanto, desde La Habana, las FARC llamaron a un "diálogo constructivo" e insistieron en que "Venezuela es y seguirá siendo fundamental para la paz en Colombia".
En Venezuela, varias decenas de chavistas se movilizaron desde temprano en diferentes puntos de la capital en apoyo al cierre fronterizo y al decreto del estado de excepción.