La nueva Constitución de Cuba reconocerá la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera, en tanto repondrá la figura del presidente de la República y del primer ministro, siempre bajo el ojo vigilante del Partido Comunista (PCC).
El proyecto de reforma constitucional mantiene como principios esenciales la propiedad socialista del pueblo sobre los medios fundamentales de producción, pero “añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, según detalles del documento que publicó el sábado el diario oficial Granma.
También ratificará “constitucionalmente la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías”.
Desde que se aprobó la nueva ley de inversiones en marzo de 2014, se han aprobado 110 nuevos negocios con firmas extranjeras, según cifras oficiales. La mayoría de esos emprendimientos son sociedades con el Estado cubano.
Tras el triunfo de la revolución y casi cuatro décadas de propiedad mayoritariamente estatal, en 2008 el entonces presidente Raúl Castro inició reformas económicas para impulsar el trabajo privado, que hoy abarca a 591.000 personas y representa el 13% de la fuerza laboral del país.
Sin embargo, todos estos cambios necesitaban tener un piso legal, porque la actual constitución "se encuentra desfasada respecto a las transformaciones socioeconómicas realizadas en los últimos años y previstas en el mediano plazo", opinó en su blog el economista Pedro Monreal.
De tal forma, la pequeña y mediana empresa privada nacerán al amparo de la nueva Carta Magna. Muchos trabajadores ya operan como tales.“La Constitución debería actualizarse en el reconocimiento legal de la pequeña y mediana empresa y ya no repetir que todos son trabajadores por cuenta propia (...) Son mucho más que un trabajador contratado por otro”, dijo a la AFP el abogado constitucionalista José Antonio Fernández.
Pero nuevas normas dictadas esta semana limitan a una sola licencia de negocio por persona, que apuntaría a evitar la acumulación de riqueza personal en la isla, un límite bien remarcado por el gobernante y único PCC.
Se trata de “regular la concentración de la riqueza, dado que se limita a una sola licencia por persona. Es una medida populista que busca detener el aumento de la desigualdad de los ingresos”, dijo a la AFP el economista cubano Pavel Vidal, de la universidad Javeriana de Colombia.
Todo encaja dentro de la “conceptualización” de las reformas económicas aprobadas por el PCC para “actualizar” el modelo de corte soviético.
Esos planes iniciaron con la presidencia de Raúl Castro en 2008 y han quedado en manos de su sucesor, Miguel Díaz-Canel, quien tomó el mando el 19 de abril.