La defensa de la hermana del rey de España, Cristina de Borbón, denunció este martes 14 de junio “mala fe procesal” y “abuso de derecho” por parte de la acusación popular que se personó contra ella por fraude fiscal en un macroescándalo por corrupción.
La infanta Cristina está siendo juzgada desde enero en Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares, junto a su marido Iñaki Urdangarin, acusado de haber malversado junto a un exsocio, entre 2004 y 2007, seis millones de euros a través del instituto Nóos, que presidía en ese período.
El enjuiciamiento de la hermana de Felipe VI se debe únicamente a la acusación por parte una controvertida asociación ultraderechista, Manos Limpias, que le imputa fraude fiscal y reclama ocho años de prisión. Todo en contra del criterio de la fiscalía, que aboga por la absolución de la infanta.
En el turno de conclusiones finales, con Cristina de Borbón en la sala, su abogado Pau Molins insistió en pedir su absolución y acusó a Manos Limpias de “haber obrado con gravísima temeridad, abuso de derecho y mala fe procesal”.
Además, lamentó “el mantenimiento obsesivo de la acusación contra la infanta pese a que de modo evidente y constante la prueba practicada a lo largo del juicio oral ha desacreditado por completo la versión fáctica contenida en el escrito de la acusación”.
Cristina era propietaria al 50% de una presunta empresa pantalla utilizada por Urdangarin para desviar cientos de miles de euros malversados. Ella aseguró en todo momento desconocer el asunto y haber actuado por confianza y amor hacia su marido.
En cambio, Manos Limpias la considera colaboradora necesaria para la comisión de delitos fiscales. En un giro inesperado al principio del proceso, el secretario general de la asociación ultraderechista Miguel Bernad, ahora encarcelado por presunta extorsión, fue acusado de pedir varios millones de euros a los abogados de la infanta a cambio de retirar la acusación.
El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, también pidió la absolución del cuñado del rey, para quien la fiscalía reclama 19 años y seis meses de prisión y una multa de 1.1 millones de dólares.