WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- Asociaciones civiles denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia del paramilitarismo en Colombia y solicitaron que se analicen las causas de que perdure pese a los esfuerzos de desmovilización de los últimos años.
Kimberly Stanton, directora del Project Counseling Service en Colombia, reconoció los esfuerzos del Estado por disminuir la presencia paramilitar, pero se quejó de que el Gobierno no reconoce que aún existen este tipo de estructuras.
"Reconocemos que entre 2003 y 2006 se desmovilizaron 13 mil miembros paramilitares. (...) Pero el gobierno colombiano dice que ya no existen, sino que existen bandas criminales conocidas como Bacrim" y éstas son las que responden a esos episodios de violencia por sus vínculos con el narcotráfico, afirmó.
Stanton dijo además que aquella desmovilización solo involucró a fuerzas militares, mientras que el paramilitarismo en Colombia también afecta a fuerzas de seguridad locales y líderes políticos, por lo que aún la justicia no ha identificado a todos los componentes de su estructura.
Por su parte, como uno de los representantes del Estado, el viceministro de Defensa colombiano, Jorge Enrique Bedoya, puntualizó que la caracterización de las bandas criminales es totalmente diferente a la de los grupos paramilitares y explicó que son las primeras las que fundamentalmente ahora actúan en Colombia.
"En la actualidad, las bandas criminales son estructuras de crimen organizado especializadas en el narcotráfico con una sofisticada logística armada, no tienen ideología política (...) y actualmente están en un proceso de fragmentación gracias a los esfuerzos de la fuerza publica", explicó.
El viceministro diferenció a los paramilitares que "buscaban suplantar al Estado en ciertas regiones" y hacían un proceso de reclutamiento "selectivo" con las bandas criminales, que "no confrontan al Estado, sino que lo hacen entre ellas mismas".
Los integrantes de la CIDH destacaron la complejidad del asunto y solicitaron a ambas partes aportar más datos sobre la lucha contra el paramilitarismo y las Bacrim. También manifestaron su preocupación por la posible impunidad de polÍticos u otras autoridades que hayan estado involucrados con los paramilitares.