Nicaragua vive una ola represiva con ejecuciones extrajudiciales y acciones para amedrentar a los adversarios al gobierno del socialista Daniel Ortega, denunciaron este viernes activistas y dirigentes opositores.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reveló en un informe ejecuciones extrajudiciales en zonas rurales de personas que participaron en protestas contra el gobierno de Ortega.
"Lo más grave y nuevo en este período es la existencia de las ejecuciones extrajudiciales que se están dando en el norte" de Nicaragua, dijo la abogada Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, en un informe sobre la situación de derechos humanos entre julio y agosto.
El documento describe los últimos meses de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 20018, cuando manifestaciones contra una reforma a la seguridad social derivaron en una demanda de renuncia de Ortega.
La represión contra las manifestaciones ha dejado 328 muertos y cientos de encarcelados, mientras 62.500 personas abandonaron el país, según el segundo informe de 2019 del Cenidh.
En tanto, la opositora Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB) acusó una ola de persecución contra dirigentes contrarios a Ortega en varias ciudades.
Guillermo Incer, dirigente de la UNAB, dijo a periodistas que en la occidental ciudad de León, hombres a bordo de camionetas y motos hicieron este viernes pintas y dañaron la viviendas de al menos tres disidentes.
"Nos preocupan particularmente, la represión selectiva a los liderazgos de la alianza" opositora, dijo Incer.
Para el economista opositor Juan Sebastián Chamorro, estos actos "muestran el estado de terror que quiere implantar en aquellas personas que nos oponemos a la dictadura".
Según CENIDH, prevalece "un patrón de impunidad" en las muertes que ocurren en las zonas rurales, agrega el reporte, y advierte que la violencia en el campo "coincide con la presencia masiva de paramilitares y un aumento inusual de tropas militares".
El organismo documentó el asesinato de 17 campesinos "que pudieran constituir ejecuciones extrajudiciales" entre enero y agosto pasados.
Todos ellos fueron "acribillados a balazos".
El caso más relevante mencionado por el informe es el asesinato, en Jinotega (norte), de cuatro miembros de una familia de apellido Montenegro, tres de los cuales estaban refugiados en el lado hondureño de la frontera con Nicaragua.
"No hay ninguna duda de que se trata de ejecuciones sumarias, porque hubo un seguimiento de autoridades de Nicaragua hasta invadir Honduras", indicó Núñez en rueda de prensa.
El CENIDH también identificó como una "nueva fase represiva" la persecución contra opositores que fueron excarcelados en junio pasado bajo una polémica ley de amnistía, con el objetivo de amedrentarlos y lograr que se vayan del país.
En esta persecución, la aduana de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, se ha vuelto "un lugar de represión y riesgo" para los opositores, apuntó.