Estados Unidos aplicó el lunes sanciones jurídicas y financieras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la "ruptura del orden constitucional" que representa la Asamblea Constituyente, y dijo que esa elección confirma que "es un dictador que ignora la voluntad del pueblo".
"Las elecciones ilegítimas de ayer [domingo] confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano", indicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, al anunciar que todos los activos del mandatario "sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados".
La sanción implica que Maduro fue incluido en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés). Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole, con las entidades listadas.
"Cualquiera que participe en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por socavar procesos e instituciones democráticas en Venezuela", advirtió Mnuchin.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca expresar su oposición al "régimen de Maduro", apuntó.
Treasury sanctions the President of Venezuela: https://t.co/Viv1Q12YuN
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— Treasury Department (@USTreasury) July 31, 2017
El gobierno de Donald Trump tomó las medidas contra Maduro, en el poder desde 2013, un día después de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, una contienda en la que la oposición venezolana no participó por considerarla "fraudulenta".
Según Estados Unidos, ese órgano "aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional" del Congreso elegido en diciembre de 2015 y dominado por la oposición, así como "reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario" al pueblo venezolano.
Estados Unidos es el principal comprador de crudo venezolano, con importaciones de 800 mil barriles diarios sobre una producción de 1.9 millones.
La semana pasada, el gobierno de Trump sancionó a 13 funcionarios y militares, entre ellos a Tibisay Lucena, presidenta del poder electoral, acusados de quebrar la democracia, violar derechos humanos o por corrupción.Esas sanciones son las terceras anunciadas contra funcionarios o exfuncionarios venezolanos, luego de las emitidas en febrero y mayo.
