El gobierno de Estados Unidos expresó este lunes su confianza en que las autoridades de México considerarán las recomendaciones de un grupo de expertos que investigó la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la región de Iguala (sur), en 2014.
"Confiamos en que el gobierno de México considerará los hallazgos" contenidos en el informe presentado la víspera por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso, dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby
El portavoz añadió también que Washington espera que las autoridades logren "llevar a la justicia a los responsables" por la desaparición de los estudiantes y "continúe garantizando la seguridad de las familias" de las víctimas. "Llamamos a que se complete una investigación profunda y transparente de las desapariciones, y el proceso de los responsables", dijo Kirby.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue formado bajo los auspicios de la CIDH e investigó durante un año el caso de 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, pero su informe chocó de frente con las autoridades mexicanas.
Al presentar el domingo su informe final sobre lo ocurrido, los expertos denunciaron "obstrucciones" por parte del gobierno mexicano y cuestionaron la actuación de fuerzas federales en el caso.
La misión del grupo de expertos concluye el 30 de abril ante la negativa del gobierno a autorizar la extensión de su mandato.
El tema fue evocado este mismo lunes por legisladores demócratas (del presidente Barack Obama ) en el Congreso estadounidense.
La legisladora californiana Norma Torres dijo en la Cámara de Representantes que la actitud del gobierno mexicano en este caso "levanta serios cuestionamientos" sobre su "compromiso con la justicia y el imperio de la ley". "No podremos tener esperanza de justicia en este caso sin la cooperación plena y honesta de las autoridades mexicanas", dijo su colega Jared Polis.
En tanto, para el legislador Alan Lowenthal, "la investigación de este caso es una oportunidad para que el gobierno atienda las preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos en México".
Los 43 estudiantes habrían sido atacados por policías municipales, quienes los habrían entregado al cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.