WASHINGTON, Estados Unidos (EFE).- El Gobierno estadounidense confirmó hoy, martes, que las restricciones a las visas de algunos funcionarios de Venezuela afectan a "24 personas", supuestamente por estar involucradas en violaciones de los derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores.
"Puedo confirmar que son 24 personas a las que se impondrán restricciones. Obviamente, estas restricciones varían, pero es un número que puedo confirmar en este momento", dijo Jen Psaki, la portavoz del Departamento de Estado.
La funcionaria no precisó quiénes son las personas sujetas a estas restricciones ni los cargos que ocupan en el gobierno venezolano.
Sí reconoció que durante la pasada semana se produjeron varias reuniones en el Congreso para informar a los legisladores sobre las medidas adoptadas para sancionar a estos funcionarios venezolanos.
Precisamente, tras una de estas reuniones se filtró a los medios estadounidenses que entre los afectados hay oficiales militares, de la Guardia Nacional y de la policía, de alto rango, así como políticos, aunque no se detalló la identidad de ninguno de ellos.
El anuncio de estas medidas por parte de la Administración del presidente Barack Obama se produjo la semana pasada, y en él se hizo mención a que las fuerzas de seguridad del Gobierno venezolano "han respondido con detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza" a las manifestaciones de protesta.
Las relaciones entre EU y Venezuela, que carecen de embajadores respectivos desde 2010, volvieron a tensarse la pasada semana por la decisión de Holanda de liberar al general Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia de Venezuela requerido por la justicia norteamericana.
Carvajal, que había sido detenido en Aruba, es requerido por la justicia estadounidense por su presunta participación en negocios de narcotráfico atribuidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Departamento de Estado expresó entonces su "inquietud" por los "informes creíbles" que había recibido de que el Gobierno venezolano "amenazó" a los Gobiernos de Aruba y los Países Bajos para conseguir la liberación de Carvajal alegando inmunidad diplomática.