La Corte Nacional ratificó el lunes la orden de prisión del expresidente Rafael Correa vinculado con un proceso de secuestro de un ex asambleísta opositor.
La decisión, adoptada por unanimidad, consideró que una apelación presentada en que se pedía levantar esa medida cautelar “carece de sustento jurídico” y que el sindicado “no se ha presentado a diligencias dispuestas por Fiscalía y por su defensa”.
Correa está siendo procesado judicialmente en la Corte Nacional por el secuestro en agosto de 2012 del antiguo asambleísta opositor Fernando Balda, en Bogotá.
Desde el 3 de julio está vigente una orden de prisión nacional y de captura y extradición internacional de Correa, quien desde el año pasado vive en Bélgica después de gobernar Ecuador entre 2007 y 2017.
El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, previo a conocer la decisión del tribunal, había anticipado que la orden de prisión es arbitraria, desproporcionada, ilegal y es contraria a los derechos humanos”. Advirtió que acudirá a cortes internacionales en busca de justicia.
La semana pasada, otro abogado presentó un pedido de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que sus derechos están en peligro en la justicia ecuatoriana.
El caso por el cual el expresidente es procesado empezó por las diferencias con Balda, quien era un duro crítico de su gobierno, al cual acusaba de corrupción, mientras que el mandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.
Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron al vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.
Las investigaciones judiciales en Colombia determinaron que tres agentes de inteligencia de la policía ecuatoriana habían contratado a delincuentes comunes, ahora en prisión, para secuestrar al exlegislador.
En este caso están vinculados también el viejo director de inteligencia de la policía, general Fausto Tamayo, y el exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero.